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Podemos pone el foco en Desokupa: hasta cuatro años de cárcel para sus miembros

Los morados registrarán este jueves una ley para modificar los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles una reforma del Código Penal para perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, "hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad", según explican fuentes del partido . Esta reforma legal crearía un nuevo tipo que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa e impondría penas de hasta cuatro años de prisión a sus miembros.

Así lo ha anunciado este miércoles la también secretaria general de Podemos en un acto de campaña en Alicante."Os anuncio que mañana en el Congreso vamos a registrar una ley para "perseguir a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables", ha asegurado poniendo el foco en Desokupa, a quien ha tildado como un "problema democrático grave". "Son el germen de un comando parapolicial y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia".

La propuesta de Podemos, que llegará al Congreso, busca que se eleve el "reproche penal" para quienes "hacen negocio contra las personas en situación de vulnerabilidad", según explica el partido y con el fin de que conjugue "elementos del delito de coacciones y del delito de odio".En concreto, se modificarían los artículos 510, 510 bis y 515 del CP, para penar con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a "quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines”.

Además, se establecería la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet. Así, las sociedades con ánimo de lucro que “fomenten, promuevan o inciten a o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social pasarían a considerarse asociaciones ilícitas, por lo que podrían ser perseguidas e imponerse a sus integrantes las correspondientes penas