Antes del verano se clarificarán dos cuestiones que pueden ser determinantes para el devenir de la legislatura y el resultado de las próximas elecciones generales. Mucho más decisivas que el debate agotado sobre si hay o no presupuestos. No los hay en este ejercicio ni tampoco habrá en el próximo, aunque Moncloa siga extendiendo niebla sobre este asunto. El presidente Pedro Sánchez también ha convertido en papel mojado la obligación constitucional de presentarlos al Congreso, se ganen o se pierdan, y todo lo demás es ruido para distraer la atención.

Una de las dos claves es la que tiene que ver con dos de las causas judiciales que más directamente afectan al presidente del Gobierno, la que toca a su mujer, Begoña Gómez, y la de su hermano, David Sánchez. Esto es el núcleo de los demás satélites que se mueven alrededor del «caso Ábalos» y sus presuntas derivadas en el Partido Socialista. En cuanto a la primera, la situación de Gómez y de Sánchez va a evolucionar «mal» en este último trimestre antes del verano. Con lo que se conoce de la investigación abierta, fuentes judiciales anticipan «un futuro complejo», y ya echan cuentas hasta de «penas de cárcel» cuando hablan del hermano del presidente, aunque desde la izquierda sigan sosteniendo que son causas políticas que no tienen ninguna base penal.

Esa «clarificación», según las citadas fuentes, tendrá inevitablemente consecuencias políticas en un contexto en el que Sánchez ya se ha visto muy afectado por estos procedimientos abiertos, con un gran coste personal y familiar, y la desestabilización que de ese flanco se deriva, según comentan en su círculo más próximo.

Al margen de las cuestiones personales de la familia del presidente, la cuestión que más preocupa en el Gobierno es que pueda avanzar la línea de investigación que liga a su esposa con el rescate de Air Europa. El juez Peinado que dirige su caso mantiene abierta la investigación en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Después de aquel amago de retirada del presidente del Gobierno, justo cuando se conoció la apertura del proceso contra Begoña Gómez, el avance judicial hace que el cierre de este curso político venga marcado ya por el interrogante respecto a cuáles pueden ser los futuros pasos del presidente y de su Ejecutivo, en la medida en que, salvo milagro, el cerco amenaza con ser «asfixiante» incluso con el mensaje de que todo forma parte de un plan político-judicial contra la izquierda.

En clave política, no quedan conejos en la chistera con los que retomar la iniciativa, y prueba de ello es que, como publicaba este diario el pasado viernes, cuando se pregunta a los peones de Moncloa por cuál es el plan de acción para borrar la imagen de colapso, la respuesta que dan es que son mucho más hábiles que el PP en la gestión de crisis y que lo que harán será contraponer esto, su manera de administrar a las crisis (se refieren al apagón y a los incidentes ferroviarios, entre otras cuestiones) con el Ventorro y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En relación con este último, la investigación de la jueza que lleva el caso de la DANA ya ha servido para confirmar las horas que estuvo desaparecido, sus llamadas y no llamadas, y que no estuvo donde su responsabilidad le demandaba ante una crisis tan excepcional como ésta. Ahí encuentra la dirección popular la razón para considerar que el coste de Mazón está ya amortizado, lo que no quiere decir que le «salven» para el próximo proceso electoral autonómico. El partido está empezando a desmadrarse sin la autoridad de Mazón, salvo su círculo cercano, sin directriz clara desde Madrid, y con los movimientos internos de quienes quieren ocupar ya la silla que esperan deje vacía.

La otra clave que determinará la legislatura está en la derecha, y en cómo el PP resuelve su relación con Vox porque, pese a que algunos en la cúpula popular quieran no verlo, sigue influyendo en el movimiento del voto más de centro y también de la izquierda. Lo más inminente es ver qué ocurre con la negociación presupuestaria en las comunidades gobernadas por el PP y que dependen del partido de Santiago Abascal para sacar adelante sus cuentas. Ya no comparten gobiernos, pero el pacto de Mazón con Vox volvió a ofrecerle a la izquierda la excusa perfecta para blandir su bandera contra la ultraderecha y meter a todos en el mismo saco.

Se espera que haya acuerdo en Murcia, y no en Aragón, que parecía que sí podía decantarse por el pacto, y Génova aspira a que esto le permita ya abrir una nueva etapa en la que se despejen las confusiones y pueda certificar con solemnidad que hasta ahí llegan los acuerdos de colaboración con los de Vox. Para luego empezar la campaña de que no gobernarán en coalición con ellos en Moncloa. El ir y venir les dificulta dar credibilidad a este mantra, porque, además, no salen las sumas sin que hubiera al menos un apoyo externo de Vox y que los Presupuestos Generales del Estado pasaran por ellos, de llegar el PP al gobierno. Este es el punto más débil de Feijóo.