Los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quieren llegar al Pleno del miércoles con un acuerdo para nombrar los dos puestos clave del Tribunal Supremo. Los vocales de ambas sensibilidades llevan días -incluido el fin de semana- negociando 'in extremis' un acuerdo que impulse la renovación de las presidencias de la Sala de lo Penal y de lo Contencioso del alto tribunal, tras varios intentos fallidos que les obligaron a postergar esta votación.

Fuentes del órgano de gobierno de jueces consultadas por LA RAZÓN detallan que la finalidad es poder votar las candidaturas en el cónclave del 7 de mayo. Se trataría de la primera vez que se llega a este proceso, puesto que en ocasiones anteriores (como ocurrió en los Plenos del 26 de febrero y del 1 de abril) se terminaron retirando los nombramientos del orden del día ante la falta de acuerdo entre los vocales. Ello llevó a la presidenta del órgano y del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, a apremiarles a consensuar dos nombres advirtiendo, además, que no modificaría el calendario de mayo.

De hecho, entre los primeros puntos del orden del día del Pleno del miércoles se mantiene la propuesta de la Comisión de Calificación relativa a la provisión de presidencia de la Sala Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ambos puestos son determinantes dado que la Sala Segunda es la competente para investigar aforados, mientras que la Tercera revisa los recursos contra las disposiciones del Gobierno, a través del Consejo de Ministros.

Divergencias sobre la paridad

Así, en la primera de ellas se instruyen casos especialmente graves para Moncloa (como la rama de la trama Koldo que afecta a José Luis Ábalos o el procedimiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras que en la Sala Tercera mantiene en estos momentos asuntos de especial relevancia para el Ejecutivo como el asilo del millar de menores inmigrantes en Canarias. Es la misma que resolvió nombramientos del entorno de Moncloa, como el la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, que terminó tumbando en noviembre de 2023.

De manera que se trata de puestos relevantes cuya elección no termina de fraguarse ante la falta de consenso entre ambos bloques. Las opciones son fijas desde hace meses y de ahí no se mueven las partes. Los conservadores mantienen su propuesta de que Andrés Martínez Arrieta releve a Manuel Marchena en la presidencia de la Sala Segunda, pero los progresistas imponen a Ana Ferrer.

Arrieta, que asumió la presidencia en funciones tras la salida de este último en diciembre, es el primero en el escalafón judicial y claro candidato de los conservadores. El también fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ingresó en la carrera judicial en enero de 1979. Tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia pero en estos años ha pasado por el CGPJ (donde fue vocal hasta 1983), por los juzgados de instrucción de Madrid (donde instruyó la desaparición de Santiago Corella, 'el Nani'), por la Audiencia Provincial de Madrid y, tras ello, por el Tribunal Supremo. De hecho, se convirtió en el magistrado más joven en acceder a este tribunal, con 43 años.

Renovación para dos años

Ana Ferrer, por su parte, fue la primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal. Aterrizó en el Tribunal Supremo hace ahora 11 años proveniente de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que presidió en 2008. Ferrer ya sonó este verano como favorita para presidir el Tribunal Supremo junto con nombres como el de Pilar Teso, magistrada de la Sala Tercera. De hecho, se disputó la presidencia del órgano contra Perelló, pero obtuvo 4 votos frente a los 16 que se anotó la actual presidenta.

Precisamente, Teso es la apuesta de los progresistas para presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que resuelve sobre los actos del Gobierno. La jurista ingresó en la carrera en 1985 y ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional antes de aterrizar en el Tribunal Supremo en 2008. Los progresistas mantienen la idoneidad de sus candidatas aferrándose al informe jurídico que la Comisión de Igualdad del Consejo aprobó sobre el reparto paritario de los puestos en el ámbito de judicatura. Sin embargo, el sector conservador recuerda lo concluido en un reciente informe del gabinete técnico acerca de que en los nombramientos de la cúpula judicial priman el mérito y la capacidad por encima del género.

Este bloque, por su parte, apuesta para presidir la Sala de lo Contencioso por Pablo Lucas. Es uno de los magistrados más valorados y respetados del alto tribunal. De tendencia progresista, Lucas es el magistrado encargado de supervisar las actividades del CNI en el Supremo (y Arrieta su sustituto). Fue nombrado por primera vez para estas funciones en noviembre de 2009 y en diciembre del año pasado se le renovó por tercera vez. Desde diciembre de 2022 es presidente en funciones de la Sala Tercera.

Prioridad: desencallar los nombramientos

Las fuentes consultadas precisan que el bloque conservador no se mueve de sus candidatos, de los que defienden expresamente su veteranía y prestigio. Su alegato para imponer estos dos nombres reside en que tanto Arrieta como Lucas están próximos a la jubilación, por lo que serían dos mandatos cortos. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en su artículo 386.1, fija en los 70 años la edad de jubilación forzosa de un magistrado, aunque determina que se puede prorrogar dos años más. En ese sentido Martínez Arrieta cumple ahora los 70 años, mientras que Lucas lo hará el año que viene.

Queda por ver si los progresistas ceden en este punto con la vista puesta en 2027. No obstante, también puede ocurrir que se produzcan fisuras en este sector, como ya ocurrió en las negociaciones para elegir presidente del Supremo y del CGPJ. Entonces, los conservadores se anotaron los apoyos clave de dos vocales de Sumar y consiguieron imponer a la progresista Perelló, cerrando la puerta a otros candidatos más afines a Moncloa. Para sacar adelante las votaciones necesitan una mayoría cualificada de tres quintos, esto es, 13 votos de los 21 miembros del Pleno (20 vocales y la presidenta).

El Consejo, que comenzó a operar tras el acuerdo entre el PP y PSOE con el que pusieron fin a cinco años de bloqueo, tiene en los nombramientos su cometido clave. Los nuevos vocales heredaron la urgente tarea de renovar más de un centenar de puestos en la cúpula de la judicatura que estaba provocando colapsos importantes en la Administración. El anterior órgano tuvo impedida esta facultad por Ley desde 2021, cuando el Gobierno les prohibió efectuar nombramientos por estar en funciones.

A fecha de hoy, el nuevo órgano ha renovado más de 60 plazas, entre Tribunal Supremo, tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales. Destacan, especialmente, la elección de la progresista Concepción Ureste para presidir la Sala de lo Social del Supremo y de Ignacio Sancho Gargallo, al frente de la Sala Civil. Del mismo modo, también eligieron al magistrado Juan Manuel Fernández como nuevo presidente de la Audiencia Nacional y renovaron los puestos de máxima responsabilidad en cuatro de sus salas.