El PSOE encara el mes de septiembre en estado de nervios, según el relato de varias fuentes al tanto de la vida interna de la organización. Los socialistas afrontan un otoño complicado en lo judicial y en lo político.

Y el partido, según se acerca el arranque del curso, es un hervidero de comentarios y especulaciones sobre el futuro. Se habla de Begoña Gómez –mujer del presidente del Gobierno–, de David Sánchez -hermano del líder socialista–, del «caso Koldo», de Leire Díez y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Todos tienen citas cruciales con la Justicia que marcarán el futuro del Ejecutivo y del partido. Los socialistas están especialmente inquietos por las posibles novedades que pueda aportar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la investigación del «caso Koldo».

De hecho, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está en la quiniela para aparecer salpicado en alguno de los informes pendientes que el instituto armado remitirá en las próximas semanas al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Y, aunque el político canario siempre ha dicho que no ha cometido irregularidad alguna e incluso ha asegurado que espera con ganas cualquier papel de la Guardia Civil en el que salga su nombre, lo cierto es que los socialistas ya no se fían. En verdad, esa tensión del aparato y de la militancia socialista no puede sorprender a nadie tras el monumental tortazo que se llevaron con su ex «número tres» Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. Ya nadie pone la mano en el fuego por nadie.

En verdad, el «caso Koldo» sigue siendo lo que más perturba en las filas del partido. Todo lo que pueda salir de ese pozo, que ya se ha tragado a dos ex secretarios de organización –uno de ellos ministro– y buena parte de la credibilidad de Pedro Sánchez, será otro enorme dolor de cabeza para una organización que ya ha hecho de la resistencia su principal objetivo político –algo que molesta sobre manera en algunas federaciones, porque ven en peligro sus opciones para el siguiente ciclo electoral–.

La guinda a la trama que campó a sus anchas por el Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos la puede poner la investigación a la exmilitante socialista Leire Díez –conectada con Santos Cerdán–.

Esta socialista, al amparo de una supuesta investigación periodística, trató de obtener información sensible de fiscales y mandos de la UCO a cambio de beneficios judiciales que habría ofrecido en nombre del PSOE. Pero hay más motivos para el estado de nervios.

El próximo 11 de septiembre está citada a declarar Begoña Gómez, a la que el juez Juan Carlos Peinado imputó recientemente un quinto delito. El cerco a la mujer del líder socialista se estrecha cada día más.

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, si así lo decide, puede procesarla en las próximas semanas por un supuesto delito de tráfico de influencias. En Moncloa señalan a Peinado como un sujeto «nocivo» para la carrera judicial. El Gobierno no esconde que busca su caída.

Y en el partido, aunque compran la tesis de que la investigación a Begoña Gómez se trata de una persecución, hay algunos socialistas que, en privado, admiten que «no ayuda nada» ver de nuevo a la mujer del presidente sentada ante el juez. «Tampoco el juicio al hermano», comenta un diputado socialista. La otra carpeta que tiene en alerta al partido es el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Gobierno le defiende a capa y espada, pero en el partido se extiende la opinión de que puede ser bueno que dé un paso al lado para salvaguardar la institucionalidad de su cargo. Moncloa, en cualquier caso, no da su brazo a torcer y sostiene que «no dimitirá».

Mientras, tanto Ferraz como Moncloa se conjuran para salir del atolladero. Por el momento, el objetivo es intentan recuperar iniciativa política. El análisis que hacen en la planta noble del partido es que la catástrofe de los incendios que están calcinando el país ha permitido sacar de la confrontación partidista los temas que más les inquietan y horadar a los populares en la gestión, ya que la competencia de emergencias y extinción recae en las comunidades autónomas.

El PP, en cualquier caso, ha pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que rinda cuentas por los casos de corrupción que afectan a su partido y al Gobierno, así como por su mujer y por Leire Díez. En definitiva, para que no se olviden los casos que le tienen acorralado.

Aunque se antoja difícil que los socios del Gobierno lo permitan. El PSOE ha hecho mucho ruido este verano para atacar al PP. La estrategia ha sido clara: amplificar un drama del que han pensado que podían sacar rédito. Los socialistas llevan tiempo pensando en «empatar el partido con el PP». Además, no se fían de Génova por si los populares sacan las urnas en Castilla y León, Extremadura y Andalucía antes de tiempo para atizar a Sánchez.