El PSOE forzará debates con el PP en la campaña del 28-M para confrontar gestión

El PSOE dio este fin de semana el pistoletazo de salida a la precampaña del partido. Bajo el lema «Defiende lo que piensas», Pedro Sánchez ha puesto la maquinaria a funcionar y mete tensión electoral a un partido que se la juega el 28 de mayo. El PSOE sale a defender las importantes cotas de poder territorial que consiguió en 2019, cuando obtuvo unos excelentes resultados que difícilmente podrá reeditar ahora.

Dos son las circunstancias que amenazan las expectativas socialistas: por un lado, una reordenación del espacio de la derecha que beneficia al PP –que absorbe la práctica totalidad de los votantes de Ciudadanos– y, por el flanco contrario, la desintegración del espacio a su izquierda, que –por la falta de pujanza de Podemos y sus marcas– puede acabar lastrando las opciones de mantener gobiernos socialistas.

El PSOE gobierna en 9 de las 12 comunidades que se medirán en las urnas y en otra ostenta una vicepresidencia (Cantabria). Más de 20,5 millones de españoles tienen un alcalde o alcaldesa socialista en la actualidad; presiden 23 de las 41 diputaciones provinciales, tres cabildos y tres consells insulares y ostentan la vicepresidencia de Melilla.

Esta experiencia de gestión es la que el PSOE va a explotar en campaña, recordando que han sido «años difíciles y complejos» –la pandemia, la guerra de Ucrania o fenómenos extremos como el volcán de la Palma o la tormenta Filomena, entre otras– en los que «las respuestas a estas crisis han sido bien distintas a las que adoptó la derecha en la crisis financiera». Para poder confrontar estos dos modelos, el PSOE prevé –dentro de su plan estratégico– forzar debates con el PP en la campaña del 28-M.

Así se desprende de un documento interno de la dirección socialista al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que aseguran que «los datos internos que manejamos refuerzan la valoración de nuestras alcaldes y alcaldesas». «Por eso, promoveremos debates para que la ciudadanía valore la diferencia: podrán contrastar como la derecha y la ultraderecha no tienen propuestas para resolver los problemas de vivienda ni para promover una movilidad que contribuya a mitigar los efectos del cambio climático, por ejemplo», señala el texto.

En la dirección se muestran «seguros de que la ciudadanía valorará que sus candidatos tienen buena gestión y proyecto de futuro». Estos debates se promoverán tanto en el ámbito autonómico como el municipal, donde «no es algo habitual», más cuando se trata de ciudades pequeñas. Fuentes socialistas señalan que «la derecha tiene tendencia al escapismo. Nosotros queremos debates y que se conviertan en algo habitual, porque no lo son», aseguran. Esta estrategia de poner el foco en los candidatos de la oposición ya la ha desplegado desde hace meses Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, redoblando su presencia en el Senado, tanto en las sesiones de control como en las comparecencias monográficos. Desde su entorno apuntan que, de este modo, desmontan la imagen del presidente del PP.

Valoración de medidas

Dentro de las medidas que el Gobierno ha desplegado durante estos meses y que servirán de cartel electoral para los socialistas, el partido ha hecho una evaluación de cuál es el nivel de respaldo ciudadano con el que cuentan esas «recetas socialdemócratas». Todas son valoradas «muy positivamente», pero llama la atención que la que menor popularidad cosecha es la «excepción ibérica conseguida por el Gobierno de España para rebajar el precio de la electricidad». Una solución que supuso un gran éxito europeo y que la Comisión apuesta por aplicar a nivel comunitario y que es valorada negativamente por el 31,2% de los consultados.

Le siguen las medidas de justicia fiscal, otra de las patas sobre las que Sánchez cimentará su campaña y el giro a la izquierda que dio en el Debate sobre el estado de la nación. El impuesto temporal a las grandes fortunas o el gravamen a las grandes entidades financieras y a las eléctricas, obtienen una valoración negativa del 29,2% y el 27,6%, respectivamente. También el Ingreso Mínimo Vital se cuela entre esas políticas que no acaban de comprender los electores por su impacto sobre el empleo (28%).