Puigdemont: cuatro días de silencio tras el revés de sus bases

Ni un comentario público sobre la consulta. Carles Puigdemont calla y se mantiene en silencio después de que el Consell de la Republica pidiera a Junts y ERC bloquear la investidura de Pedro Sánchez. Ni el líder posconvergente ni nadie de su círculo de confianza se han posicionado sobre el revés que reclaman las bases del organismo en plenas negociaciones con el PSOE.

En concreto, el «sí» al bloqueo institucional se impuso por goleada (74,9%, 3.009 votos) por delante del «no» (24,9%) en una consulta del Consell de la República en la que tan solo participó un 4,4% del censo, un porcentaje muy bajo. En total, 4.021 asociados de los más de 90.000 de la entidad privada de Carles Puigdemont votaron en la consulta digital durante casi una semana.

Al margen de difundir los resultados de la encuesta interna, el organismo que preside Puigdemont desde Waterloo declinó hacer comentarios al respecto y tampoco valoró las consecuencias que puede tener en el debate de investidura. Tan solo añadió un breve apunte: «Una vez finalizada la votación y publicados los resultados, en cumplimiento con la decisión de los inscritos que han votado en esta consulta ciudadana, el Gobierno del Consell comunicará el resultado a las direcciones de los diferentes de los partidos independentistas catalanes de forma inmediata».

Es decir, y leyendo entre líneas, el organismo no se hace suyo el resultado y simplemente lo traslada a las formaciones independentistas sin que sea vinculante. Una tesis que defendió el exconsejero Toni Comín, fiel escudero de Puigdemont en Waterloo, la semana pasada coincidiendo con el inicio de la consulta: «Quien negocia son los partidos, no el Consell, y la consulta no vincula a los partidos», dijo restando importancia a un hipotético bloqueo en las únicas declaraciones públicas al respecto. De hecho, este es el único posicionamiento público del círculo del expresidente de la Generalitat sobre la encuesta del bloqueo.

Mientras tanto, Junts ha reducido al máximo las reuniones de su ejecutiva y ha borrado de la agenda los contactos con la prensa para preservar el hermetismo de las negociaciones, monopolizadas en exclusiva por Puigdemont y su entorno.

Y el expresidente de la Generalitat y líder posconvergente sigue con la línea habitual de romper su silencio a través de las redes y cuando le conviene: mantiene el mutismo sobre el revés propinado por el Consell de la República, pero sí se manifiesta en contra de las críticas del barón socialista Emiliano García Page o subraya sus exigencias al PSOE.

En este sentido, ayer mismo habló para reivindicar la declaración unilateral de independencia que él impulsó hace seis años, el 27 de octubre de 2017: «Ni hemos renunciado ni renunciaremos nunca», avisó el líder de Junts seis años después de que el Parlament consumara el desafío con su aprobación.

«Tenemos que procurar que todo lo que hagamos no comporte renuncias ni deconstruya lo que empezamos a construir hace seis años, a pesar de que a algunos les parezca poco y a otros les parezca demasiado», aseguró.

De hecho, el líder de Junts aprovechó para elevar el tono ante sus fieles y avisó con volver a aplicar la declaración unilateral de independencia pese a la amnistía: «La mantenemos viva para cuando el independentismo en su conjunto sepa reunirse en una única estrategia, superando tentaciones partidistas».

Si bien, todas las proclamas y exigencias que proyecta el expresident en público buscan exhibir un tono duro para evitar el desgaste ante el electorado más radical porque el pacto para investir a Sánchez va a romper la dinámica de los últimos años de mostrarse irreductibles frente al Gobierno. De hecho, la voluntad de Junts por el pacto ha quedado reflejado también en que, en los últimos días, ha habido inquietud porque los posconvergentes no recibían señales del PSOE para acabar de cerrar el acuerdo, con la amnistía como principal elemento. La amnistía auxilia a Junts porque va a dar una salida personal a Puigdemont, ya que va a evitar que pase por la cárcel, mientras el partido va a poder salir del ostracismo parlamentario.

ERC, por su parte, lleva días aireando su malestar con los socialistas por el ritmo lento de las negociaciones y el jueves desveló otra de sus exigencias: que el 1-O no sea delito en el preámbulo de la Ley de amnistía. «No estamos avanzando satisfactoriamente», avisó ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien pidió también avances y «concreciones» en las contrapartidas económicas -traspaso de Cercanías y reducir el déficit fiscal-.