Puigdemont tiene la última palabra

Quien mejor ha definido la situación es María Jesús Montero cuando afirmó, esta misma semana, que Junts tiene la última palabra, refiriéndose al varapalo recibido por el Gobierno por el voto en contra de los ex convergentes a la senda de estabilidad.

No han sido los únicos que se han opuesto, también lo ha hecho Podemos, situados ya claramente en el papel de oposición al PSOE. De volver a rechazarse en una segunda votación, la consecuencia sería que las comunidades autónomas perderían más de 5.000 millones de euros en los próximos años para el desarrollo de políticas sociales.

También se evapora el espejismo de que el Ejecutivo fuera capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado, cuestión que ha inquietado a la Unión Europea que ha reprochado que España sea uno de los dos países miembros que no disponen de política fiscal.

Europa también ha alertado sobre el riesgo de aumento de las bolsas de pobreza y la disminución del poder adquisitivo de las clases medias, algo sobre lo que ya han incidido diversos estudios e investigaciones.

Cada día que pasa en el que Sánchez sigue aferrado al sillón, tiene consecuencias negativas para la cohesión social y el desarrollo económico, pero también afecta a la calidad de nuestra democracia.

En 2019 Junts obtuvo el 2,18% de los votos totales emitidos, en 2023 solo el 1,60%. Su trayectoria es de caída libre, sin embargo, ha sacado una enorme rentabilidad a sus 7 escaños, convirtiéndose en el decisor de las iniciativas parlamentarias que salen adelante y de las que no y logrando que Pedro Sánchez promueva iniciativas que violentan el sistema político como, por ejemplo, la ley de amnistía.

La legislatura comenzó con la derrota de Sánchez en las urnas, pero su ambición personal es tan desmedida que pactó con una amalgama de partidos políticos a los que lo único que les unía eran intereses particulares. De esta manera, el país entero depende de la voluntad de quienes obtuvieron poco más del 1,5% de los sufragios.

A mitad de legislatura, el Ejecutivo no tiene respaldo parlamentario, no ha conseguido aprobar iniciativas relevantes en materia laboral, vivienda o hacendística. Sánchez juega con el lenguaje confundiendo gobernar con ocupar el poder, olvidando que, en democracia, si no se tiene la confianza de la cámara parlamentaria, se deben convocar elecciones.

El principal argumento que ha utilizado la dirección socialista para justificar que no se convocasen elecciones ha sido la buena marcha de la economía española, pero los datos son tozudos e indican que con un presidente socialista la desigualdad ha aumentado.