La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de las piezas clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en España, lleva sufriendo desde hace tiempo un constante acoso y campañas de desprestigio. Presiones internas y ataques políticos buscan minar su independencia y capacidad operativa, lo que pone en serio riesgo su continuidad. La desaparición de esta unidad especializada supondría un duro golpe para el Estado de Derecho y la justicia en nuestro país.

En abril de 2016, Mario Conde, expresidente de Banesto y figura central del escándalo financiero de los años 90, fue detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su domicilio de Madrid. Al ser informado de la presencia de los agentes, Conde respondió con una frase que reflejaba su experiencia y conocimiento del sistema: “Si está aquí la Guardia Civil, es que viene con los deberes hechos”.

Pilar en la lucha contra la corrupción

Desde su creación, la UCO ha liderado investigaciones que han sacudido los cimientos políticos y empresariales de España. Casos emblemáticos como la Gürtel, los ERE en Andalucía o la trama Koldo han sido posibles gracias a la pericia de esta unidad. La UCO no solo cuenta con expertos en investigación, sino que mantiene una estrecha colaboración con fiscales y jueces para desmontar redes criminales y corruptas. Y, aunque muchos investigados tratan de desprestigiarles y ven cada filtración en "nombre de la UCO", ellos siguen su trabajo: investigar y documentarlo en la investigación.

Impacto directo en la lucha contra el crimen

Todos los misiles van directos a derrocar a una unidad incómoda para muchos estratos del poder. Por ello, la desaparición de la UCO tendría consecuencias inmediatas y graves:

• Disminución de la capacidad investigadora: La UCO está formada por expertos con formación específica en delitos complejos. Sin ella, la Guardia Civil perdería una pieza clave para abordar casos de gran complejidad técnica y judicial.

• Retraso en la resolución de casos: Muchas causas que están en curso podrían sufrir paralizaciones o retrasos importantes, lo que afectaría la eficacia del sistema judicial.

• Mayor impunidad: La ausencia de esta unidad especializada podría provocar que delitos graves queden sin investigar o sin castigo, alentando la corrupción y el delito organizado.

• Debilitamiento de la independencia judicial: La UCO es un baluarte de la independencia investigadora. Su desaparición se vería como una clara intromisión política en la justicia, dañando la confianza en las instituciones.

Efecto sobre la seguridad y la confianza ciudadana

La UCO no solo combate la corrupción política, sino también delitos vinculados al narcotráfico, el contrabando, delitos telemáticos, los vinculados al deporte, desapariciones, crímenes sin resolver... Su desaparición aumentaría la vulnerabilidad de España ante estos delitos y minaría la confianza de los ciudadanos en que el Estado puede protegerles.

Jueces, fiscales y expertos en seguridad alertan sobre los riesgos de debilitar o eliminar esta unidad. La especialización, autonomía y experiencia acumulada no se sustituyen fácilmente y cualquier intento de desmantelarla sería un retroceso para la justicia y la transparencia.