La UCO desata los nervios entre varios ministros y en el PSOE

La Guardia Civil trabaja contra reloj en dos asuntos clave en el caso Koldo. Aunque en estos meses de instrucción se han abierto varias líneas de investigación, ahora mismo el foco se pone en el encargo del Tribunal Supremo sobre los mensajes que la trama se habría intercambiado con Santos Cerdán o con el ministro Ángel Víctor Torres y en sus conclusiones sobre el material incautado en los registros. En ambos casos, la amenaza se cierne sobre Moncloa por el material que los imputados, y muy especialmente Koldo García, pudiera atesorar sobre el Ejecutivo.

De hecho, fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que ambas líneas están abiertas ahora mismo. En el primero de los casos, se espera que la Unidad Central Operativa (UCO) entregue en un futuro muy cercano su informe sobre el encargo del magistrado Leopoldo Puente. El instructor del caso Koldo solicitó en febrero que realizaran un informe con los mensajes que Koldo García y Víctor de Aldama se habrían intercambiado con el número tres del PSOE, con el actual ministro de Política Territorial o "con cualquier otra persona aforada".

Las fuentes consultadas precisan que se analizan mensajes que salpican al entorno del presidente del Gobierno. Más allá de los que apuntan a Santos Cerdán, los agentes habrían analizado, también, mensajes que evidenciarían que Koldo García y Aldama tenían relación con altos cargos de Moncloa y con líderes socialistas. Sin embargo, el hermetismo en relación con este trabajo es máximo.

Mensajes del entorno de Moncloa

Los agentes designados en estas pesquisas trabajan bajo gran presión, no solo por la relevancia del material que analizan, sino también por el señalamiento desde la esfera política. En concreto, del Gobierno, que les apuntó como posibles filtradores de los mensajes desvelados por El Mundo entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Esta teoría fue desvaneciéndose conforme pasaban los días después de que medios, como este, apuntaran que los mensajes en cuestión no se han encontrado por el momento en los famosos discos duros de Ábalos que custodiaba Koldo García.

No obstante, el descontento en el cuerpo policial es una realidad por lo que han protegido, más si cabe, el contenido de un informe que pronto verá la luz. En ese sentido, se espera que aparezcan mensajes que salpican a otros altos cargos del PSOE, aunque no necesariamente deriven en responsabilidad penal para sus protagonistas. Al respecto cabe recordar que el propio Aldama ha insistido en reiteradas ocasiones que tuvo contacto directo con varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que ahora niegan conocerle.

Además de Ábalos, este conseguidor custodiaría mensajes con la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, y con su mano derecha en el Ministerio, Juan Ignacio Díaz Bidart. De hecho, con este último se habrían reunido en enero de 2021 para conseguir que se agilizara la concesión de una licencia para que una empresa del socio de Víctor de Aldama pudiera operar en el sector de los hidrocarburos. A la misma se le atribuye un fraude al fisco superior a los 200 millones de euros. Precisamente, Bidart comparece este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo por este asunto.

Contrastar la confesión de Aldama

Los tentáculos de Aldama con el Gobierno no quedaron ahí. También tuvo relación cercana con Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, quien en su testifical en el Tribunal Supremo confirmó que, efectivamente, conocía a este empresario. No obstante, la alargada sombra de los cabecillas de esta trama no queda aquí, ya que también mantuvieron contacto con los entonces presidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente, por los contratos de pandemia con la empresa de la red.

Este nuevo informe acotaría los vínculos con ambos altos cargos del PSOE, según las fuentes consultadas. No obstante, las mismas precisan que no se ha impulsado ninguna investigación patrimonial ni de cualquier otra índole de las personas afectadas. Dada su condición de aforadas, se tendría que proceder a cursar el suplicatorio al Congreso de los Diputados, como se hizo con Ábalos, en caso de que el juez considerara que hay motivos para investigarles. De momento se pretende esclarecer si las confesiones de Aldama -que apunta directamente a una financiación irregular en el PSOE- tienen base fáctica.

Con todo, esta no es la única línea en la que trabaja la Guardia Civil. Uno de los puntos cruciales del procedimiento es el relativo a los más de 170 dispositivos que los agentes se incautaron en las entradas y registros de febrero de 2024. Aunque se ha avanzado en esta vía en los últimos meses, todavía queda mucho material por analizar. Se trata de teléfonos, memorias de USB, discos duros, dispositivos de almacenaje, grabadoras y ordenadores, entre otros elementos, que podría apuntalar los indicios recabados hasta el momento.

El otro informe clave de la UCO

En ese sentido, el foco se pone en los discos duros que Koldo García custodiaba de Ábalos. El exministro de Fomento ya trató hace un año de recuperar sin éxito el contenido de los mismos. Entonces se dirigió a la Audiencia Nacional, pese a no ser parte del procedimiento, y dijo que contenían datos "de carácter absolutamente privado y personalísimo" que custodiaba su exmano derecha en el Ministerio.

El propio Koldo batalla por recuperar todo lo que le requisaron hace ahora quince meses. De hecho, ha llegado a denunciar agravio comparativo con Aldama (a quien, en el marco de la causa del fuel, le requisaron el móvil en octubre y se lo devolvieron tres meses después). El interés de los cabecillas por acceder a todo lo incautado es buena muestra de la relevancia de lo que contienen esos dispositivos, especialmente los discos duros y los teléfonos requisados (que en el caso de Koldo ascendieron a una veintena).

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional protegen al máximo todo este material. El fiscal se opone devolverle a Koldo García sus dispositivos asegurando que sería "perturbador" para el proceso. De hecho, se custodian bajo llave y no se devolverán a sus respectivos dueños hasta que la Guardia Civil termine los oficios policiales sobre los mismos. De esta manera, ni los imputados, ni los afectados directos podrán acceder a su contenido en este momento clave para la causa.