Rajoy evitará tomar el control de los Mossos d`Esquadra

El Gobierno se inclina por que no sean necesarias medidas políticas para controlar a la Policía autonómica: «Son funcionarios y cumplirán con la ley».

La nueva cúpula del departamento de Interior de la Generalitat celebró ayer su primera reunión con los mandos de los Mossos d’Esquadra
La nueva cúpula del departamento de Interior de la Generalitat celebró ayer su primera reunión con los mandos de los Mossos d’Esquadra

El Gobierno se inclina por que no sean necesarias medidas políticas para controlar a la Policía autonómica. «Son funcionarios y cumplirán con la ley».

El Gobierno no está preocupado por la actitud de los Mossos d`Esquadra tras el relevo político al frente de su dirección. Y por eso en Moncloa rechazan tajantemente plantear el escenario de que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tenga que hacer uso de medidas excepcionales, como las previstas en la Ley de Seguridad Nacional, para tomar el control de la policía autonómica. Ante este debate, desde el Ejecutivo apelan a la «prudencia» y afean las especulaciones, incluso las de los propios, que «entran en el juego de la dinámica independentista». «Los Mossos son funcionarios sujetos a la Constitución, al Estatuto y a la ley. Hicieron una oposición, igual que todos los demás cuerpos policiales, saben cuáles son sus obligaciones e intentar jugar a hacer política con ellos es absurdo. No hay dobles legalidades, sólo una», explican.

El sindicato mayoritario en los Mossos es la UGT, y el intento de crear un sindicato nacionalista resultó un fracaso. «Y cuando acuden a detener a alguien lo hacen por mandato de un juez», continúa el análisis con el que el Gobierno justifica su «tranquilidad» respecto a la actuación de los Mossos en el caso de que fuesen necesarias intervenciones extraordinarias con motivo del referéndum ilegal. Actuarían como policía judicial, por mandato de un juez, insisten. El grupo de trabajo que está llevando en el día a día la gestión del desafío independentista es muy reducido. Luego hablan muchos, pero la información buena, el plan real de respuesta al reto soberanista, lo conocen muy pocos, que están en el círculo más próximo al presidente del Gobierno. Mariano Rajoy no quiere anticipar escenarios, ni dar por hecho nada ni descartarlo, hasta ver por dónde avanza la agenda rupturista que la Generalitat declaró formalmente secreta el pasado martes, cuando impuso el apagón informativo para poner sordina al hecho de que a 60 días del referéndum ilegal aún no han convocado nada. No tienen urnas ni censo. Ni ningún apoyo de la comunidad internacional. Ni tampoco presupuesto. Una situación «ridícula» si no fuera por las consecuencias que está dejando en la sociedad catalana, se lamentan en Moncloa. «Que ellos violenten la ley no quiere decir que nosotros vayamos a violentar las instituciones», subrayan, al mismo tiempo, para contestar a las especulaciones sobre los mecanismos excepcionales que el Gobierno podría llegar a tener que poner en marcha para frenar la consulta.

Desde el Ejecutivo señalan que no hay que perder de vista que detrás de todo el «procés» hay algunos que sólo están pensando «en romper con la Audiencia Nacional, no con España».

Sea como fuere, los relevos acometidos por Carles Puigdemont en el departamento de Interior de la Generalitat van destinados a crear una apariencia de mayor involucración de los Mossos en la culminación del proceso soberanista. El nuevo conseller, Joaquim Forn, de inequívoco perfil independentista, no dudó ayer en asegurar que los Mossos d’Esquadra permitirán que los catalanes voten con «tranquilidad y seguridad» el próximo 1 de octubre, fecha del presunto referéndum de autodeterminación de Cataluña.

Lo cierto es que el papel de los Mossos durante el referéndum es objeto de comentario político desde hace meses, puesto que la policía autonómica bien podría estar llamada a cumplir órdenes judiciales relacionadas, por ejemplo, con el requerimiento de urnas o el cierre de colegios electorales. Forn evitó pronunciarse sobre este extremo («Si llega, ya hablaremos de ello») y prefirió centrarse en hablar del 1 de octubre como cualquier otra fecha electoral. «Los Mossos se rigen por la ley, no se diferencian de cualquier otra policía. Entre sus funciones, si hay unas elecciones, figura permitir la salvaguarda de la seguridad y que cualquier ciudadano pueda votar en una situación de tranquilidad», dijo el conseller de Interior de la Generalitat después de mantener una reunión con los mandos de los Mossos.

El Govern insiste cada semana en que cumplirá la ley en vigor, un mensaje que no hay que interpretar como un acatamiento del orden constitucional, puesto que en sus planes figura la aprobación de «un régimen jurídico excepcional», que el Parlament pondrá en marcha con la votación de la ley del referéndum a comienzos de septiembre.

Además de verse las caras con los mandos de los Mossos, Forn se entrevistó horas antes con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. En el transcurso del encuentro, celebrado en la sede de la Delegación, Millo le expresó su «inquietud» por los relevos llevados a cabo en el departamento de Interior de la Generalitat, que no sólo han afectado al conseller sino también al director de los Mossos. El delegado trasladó de primera mano su preocupación por que el conseller dé las instrucciones oportunas para velar por el cumplimiento de la ley, cuando faltan poco más de dos mes del referéndum anunciado por el Govern.

El anterior conseller de Interior, Jordi Jané, siempre dio todas las garantías en este sentido. Lo hizo en privado sin matices y jugando con alguna ambigüedad en público, un comportamiento que era suficiente para el Gobierno. Con Forn al frente de Interior, las alarmas podrían saltar en cualquier momento. Nunca se ha especulado tanto como ahora con posibilidades como que el Gobierno invoque el artículo 155 de la Constitución para tomar el control de la policía autonómica.

Hasta el momento, no se ha producido ninguna circunstancia que comprometa a los Mossos, pero la CUP insiste en que la policía catalana debe atenerse a las instrucciones que dicte la Generalitat y, por tanto, prestarse a incumplir resoluciones de instituciones españolas.