Reforma técnica y no política

Las cifras de cierre del pasado año judicial vuelven a evidenciar la incapacidad de nuestro sistema de administración de Justicia para dar cum-plimiento al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El número de procedimientos que tienen su entrada en nuestros tribunales, muy superior al de otros países de nuestro entorno, así como las cifras de pendencia en trámite y ejecución, deben llevar a una reflexión profunda sobre las carencias de nuestro sistema de justicia.

A diferencia de la opinión política, la preocupación del ciudadano no versa sobre la politización de la justicia sino sobre la necesidad de obtener una respuesta judicial en plazo. La opinión de los jueces se fundamenta sobre la misma base, así la prioridad no puede residenciarse en la reforma del CGPJ ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como así se ha enfocado, sino en realizar una verdadera revolución en los medios materiales, personales, informáticos y en la legislación en vigor, sobre todo en materia procesal.

La planta judicial española se encuentra mal diseñada, defectuosamente estructurada, y servida por un número de jueces muy inferior a la media comunitaria. Frente a ello la creación de unidades judiciales se ha paralizado, y la convocatoria de oposiciones se ha reducido a 50 plazas para la carrera judicial y fiscal. La nueva oficina judicial, presentada como la panacea que resolvería este caos, ha demostrado que no puede implantarse en la forma que fue configurada. La revolución tecnológica, que gobierno tras gobierno presentan como una de sus prioridades, se ha enclavado en el desarrollo de diferentes sistemas de tramitación procesal de ámbito autonómico, y de difícil compatibilidad.

Ante todo ello, los jueces llevamos años clamando en el desierto, demandando en sucesivas huelgas un marco de trabajo moderno eficaz que permita luchar contra la corrupción, y que a su vez dé satisfacción a la urgencia de resolución en la reclamación de la deuda de una empresa en crisis o en el despido de un trabajador.

Los políticos siguen con sus proyectos maximalistas, que una y otra vez acaban en lo mismo, en puro papel mojado, en hurtar a profesionales y ciudadanos de la necesaria reforma de un servicio esencial para la comunidad.