El Gobierno abrirá en otoño el debate de los aforados: se pueden reducir de 10.000 a 2.000

Presidente del Gobierno, ministros, diputados, senadores, magistrados del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, presidentes y magistrados de los tribunales superiores de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del CGPJ, fiscal general del Estado, Defensor del Pueblo, presidentes de comunidades autónomas y miembros de sus ejecutivos y diputados autonómicos, jueces y fiscales. Todos ellos forman un elenco de miles de aforados que responden judicialmente ante juzgados y tribunales distintos del resto de los españoles: Tribunal Supremo o tribunales superiores de Justicia. Corresponderá al Legislativo decidir si aborda una reforma que limite de forma notable el número de aforados.

Una de las claves será la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), donde se recoge, en sus artículos 56 y 57, el conocimiento de las demandas por responsabilidad Civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos y de la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de las causas penales, respectivamente; así como en el artículo 73, donde se estipula lo mismo respecto a la competencia de los tribunales superiores.

En todo caso, el Ejecutivo tiene previsto iniciar este debate el próximo mes de octubre, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Ejecutivo, dentro de la reforma de la LOPJ.

El propio Consejo General del Poder Judicial reconoce que esta prerrogativa causa situaciones de difícil comprensión y puede afectar a la igualdad procesal al extenderse «más allá de los casos previstos en la Constitución». Y, por ello, recomienda una drástica reducción en el número de aforados.

De hecho, en la Constitución sólo hay dos referencias al aforamiento: el artículo 102, donde se tipifica que la responsabilidad penal del Gobierno y de sus miembros será exigible ante el Tribunal Supremo, y el artículo 71, donde se estipula lo mismo respecto a los diputados y senadores. Por tanto, como sostienen algunos juristas consultados, «sin necesidad de tocar la Constitución se podría reducir hasta el mínimo quienes gozasen de esa prerrogativa». En total, serían 350 diputados, 266 senadores y 14 miembros del Gobierno los que de forma taxativa están aforados «constitucionalmente». El resto encuentra su protección jurídica en los estatutos de autonomía, donde se estipula el aforamiento de sus diputados ante los correspondientes tribunales superiores –más de 1.200– o de la LOPJ, donde se prevé el aforamiento de los jueces y fiscales –unos 7.500–, entre otros. De esta forma, la reforma de la mencionada ley se prevé como clave y definitiva para reducir hasta en un 75 por ciento los aforados.

El Parlamento no podría reducir los aforados a los que alude la Constitución –excepto con una reforma constitucional –, 630, ni a los recogidos en los estatutos de autonomía, más de 1.200. A esa cifra habría que añadir los 57 que, según el ministro Gallardón, las Cortes sí podrían retirar ese aforamiento. En total, algo menos de 2.000.

Sin realizar esa reforma de la LOPJ en lo que se refiere a los aforamientos, y sin que los parlamentos autonómicos decidan también eliminar ese aformamiento a sus diputados, será prácticamente imposible reducir ese número.

Lo señaló el ministro Ruiz-Gallardón, el pasado día 12 en respuesta a una interpelación de UPyD: «Excluidos los que lo son por la Constitución, excluidos los que lo son por los estatutos de autonomía... podemos reformar la treintena de miembros del Consejo de Estado, podemos suprimir la docena de miembros del TC, podemos suprimir la docena de miembros del Tribunal de Cuentas y podemos suprimir el aforamiento del Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. Señoría, de 10.000 a 57...».