El Gobierno suspende en comunicación de crisis y las costuras quedan al descubierto. Pedro Sánchez encadena una polémica tras otra y trata de superarlas con argumentos sobrevenidos que terminan quedando superados por la realidad de los hechos o por las propias trampas de la retórica gubernamental. El jefe del Ejecutivo compareció ayer en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre varios asuntos en los que han quedado en evidencia sus giros discursivos y sus contradicciones. Las contradicciones entre lo que se predica y se acaba haciendo comenzaron con todo lo relativo a la Defensa.

Sánchez pasó de defender que era imposible alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en los márgenes temporales que le pedía la OTAN a anunciar una inyección de más de 10.400 millones de euros para acometer este compromiso en el presente ejercicio 2025. Más inversión en Defensa en nueve meses que en siete años en el poder. De asegurar que «la seguridad va mucho más allá del gasto en Defensa» a proclamar un esfuerzo nacional imprescindible: «Lo hacemos no para atacar a nadie, sino para disuadir a aquellos que estén pensando en atacarnos a nosotros o a Europa».

Este giro generó un importante choque interno con Sumar que trató de minimizarse en un primer momento por la parte socialista, pero que acabaría escalando por acumulación al trascender que el Gobierno había caído en un nuevo renuncio. Esta vez, a cuenta de la contratación con Israel, cuando se había comprometido a interrumpir todo intercambio militar tras la invasión de la franja de Gaza en 2023.

Un contrato de balas por valor de 6,6 millones de euros sacó a la luz toda una serie de adjudicaciones que se habían mantenido en vigor pese a haber lanzado una ofensiva internacional contra Benjamín Netanyahu y haber comprometido públicamente en sede parlamentaria que «desde el 7 de octubre de 2023, España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna. Quiero que lo tenga usted claro –le dijo Sánchez al portavoz de ERC, Gabriel Rufián– para que también lo tenga claro «el conjunto de la ciudadanía».

Sin embargo, un informe del Centro Delàs publicado ayer revela que España ha vendido armas a Israel por valor de 5,3 millones desde esa fecha. En concreto, se habrían realizado hasta 134 operaciones de compraventas de armas con Israel desde el 7 de octubre de 2023, según el cálculo hecho por el citado centro, que ha detectado 46 contratos adjudicados por el Gobierno a industrias israelíes y 88 envíos a Israel desde España de material de armas y municiones por valor del citado montante económico. Cifras históricas y sin transparencia, denuncian.

El propio Sánchez trató ayer de rebatir estos datos, después de que socios como Sumar, ERC y Podemos le echaran en cara su hipocresía. El presidente se refugió en que se trataba de una información «imprecisa» porque los contratos con Israel que siguen en vigor no son armamentísticos, sino que son adquisiciones de «componentes imprescindibles de las Fuerzas Armadas» como inhibidores de frecuencia antidrogas o escáneres de explosivos, entre otros. No es la única vez que el argumentario ha quedado en evidencia. La comparecencia parlamentaria acabó incluyendo también cuestiones relativas al apagón y el caos ferroviario que han atravesado la estrategia gubernamental en las últimas semanas.

La exposición del presidente del Gobierno no sirvió para aportar luz sobre lo sucedido, más allá de tratar de diluir la falta de unas explicaciones «concluyentes», sobre las causas del siniestro, envueltas en un debate ideológico sobre el modelo energético que defiende el Ejecutivo y la oposición. Sánchez volvió a alimentar el discurso de la lucha de clases, a enfrentar a las eléctricas con los usuarios, a las renovables con las nucleares, el interés general sobre el interés de los lobbies energéticos y la defensa del español medio frente a los «superricos» que viven a costa de las nutridas cuentas de resultados del sector.

Una nueva andanada contra los «operadores privados» a los que el presidente ya señaló públicamente en su intervención posterior al apagón, aunque en la misma reconociera que no tenía la carga probatoria para saber qué había ocurrido. Aun así, endosó la responsabilidad a las empresas de la energía sin descartar un ciberataque, sobre el que ayer no hizo mención alguna, y que permite generar un estado de necesidad, respecto a la milmillonaria inversión militar que se ha acometido para cumplir con la OTAN.

El Gobierno admite que le preocupa que se pueda proyectar una sensación de caos y colapso del país y a esto contribuyó que, justo una semana después del apagón, se produjera un robo de cable en la línea Madrid-Andalucía que bloqueó varios trenes y puso en jaque otra infraestructura estratégica. También contribuyó que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, desde la misma noche del incidente apuntara a un sabotaje y que las fuentes oficiales señalasen a la derecha y la ultraderecha como las instigadoras de este clima de opinión.

La «precipitación» del ministro, que, según fuentes oficiales, le llevó a volver sobre sus pasos a las pocas horas y limitar a una «intencionalidad de hacer daño» lo que había elevado hasta la desestabilización del sistema. Puente se quedó tan solo que incluso el ministro Marlaska eludió avalar sus tesis, limitándose a decir que la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de un mero robo de cobre y a apostar por la prudencia –que le faltó a Puente– porque la cuestión estaba «demasiado politizada».