Tan solo 24 horas después de que el Tribunal Supremo haya asestado el tercer revés al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en menos de un año, el Senado ha pedido su destitución. A través de una moción impulsada por el PP, el Senado insta al Gobierno a proponer el relevo de García Ortiz "por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo". Además, la moción insta a designar a "un nuevo Fiscal General del Estado que cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo".

La moción de los populares ha contado con el apoyo de 144 de los 260 senadores que han votado. Además, 97 han votado en contra y 19 se han abstenido. En este sentido, en el bloque de la abstención han estado los socios de Pedro Sánchez: tanto Junts y PNV como ERC y Bildu.

El Supremo tumbó ayer el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Memoria Democrática por una posible incompatibilidad en las tareas que iba a desarrollar teniendo en cuenta que el despacho de su pareja Baltasar Garzón ejerce actividades en este ámbito. El Supremo se ha pronunciado, en todo caso, a raíz de un recurso presentado por asociaciones de fiscales (en concreto, la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

La iniciativa no es vinculante, pero sí permite a los partidos políticos expresar su postura sobre este asunto. Las senadoras del PP María Asunción Mayo y María José Pardo se han encargado de defender la moción y han sostenido que sí es posible la destitución del fiscal. "El fiscal general debe ser cesado por dignidad democrática, respeto institucional y respeto al Estado de Derecho", ha señalado Pardo, quien ha acusado al Gobierno de estar preparando el "asalto" al Consejo General del Poder Judicial con una rebaja de las mayorías para escoger a los vocales.

Mayo ha recordado los dos varapalos anteriores del Supremo a García Ortiz: por un lado, la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, apreciando "desviación de poder"; y, por otro, en marzo de 2024, cuando estimó el recurso presentado por el fiscal Ignacio Stampa, ex fiscal anticorrupción que investigó el caso Villarejo, contra la negativa a dejarle acceder a los documentos que afectaban a su persona.

Además, la propia moción califica de "actuaciones sectarias y de apoyo al partido socialista" la filtración de las conversaciones entre el letrado de Alberto González Amador y el fiscal del caso, "ya que al tratarse de la pareja sentimental de una dirigente del Partido Popular, podía tener rédito político la información"; y, se tilda de "infame" la actitud que García Ortiz tiene ante "los ataques y acusaciones de lawfare a sus compañeros jueces y fiscales del procés" por parte de los partidos independentistas.

José María Oleaga (PSOE) ha reprochado al PP que "ahora la tome" contra el fiscal García Ortiz y el ministro de Justicia Félix Bolaños. "¿Qué tiene el PP contra la fiscal Dolores Delgado y el ministro Félix Bolaños?", ha preguntado Oleaga, quien ha acusado al PP de destilar "inquina y odio" contra Delgado y Bolaños porque fueron los responsables de "sacar a Franco de su mausoleo". "Esa es la causa de su inquina", ha insistido Oleaga, quien ha subrayado el "brillantísimo currículum" de Delgado.

Tanto el senador del PNV Igotz López como el senador de Junts Josep Lluís Cleries han repartido reproches tanto al PSOE como al PP: a juicio del nacionalista vasco, "no hay separación de poderes" mientras que para el posconvergente es "muy difícil saber quién lo hace peor". López ha recordado la frase de Sánchez asegurando que la Fiscalía depende de la presidencia del Gobierno mientras que Cleries ha rememorado que el presidente del Gobierno quiso hacer uso de la Fiscalía para traer detenido a Carles Puigdemont a España.

Esquerra y Bildu han renunciado a participar en el debate parlamentario. Fuentes de los republicanos han argumentado que, a su parecer, es "una guerra más entre PSOE y PP". "Y desde Esquerra Republicana, en ningún caso, vamos a entrar a defender al Fiscal General del Estado", han señalado desde ERC.

Fuentes del PP recalcan que "los socios de Sánchez le abandonan" y se han negado a "votar con el PSOE blindar al Fiscal General". "Ni tan siquiera ERC, Junts, PNV y Bildu se han querido dejar arrastrar por el Gobierno en su deriva para mantener a Álvaro García Ortiz tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo", señalan los populares. "A estos varapalos judiciales, hoy hay que sumarlo este varapalo parlamentario", zanjan.

Asimismo, el PP ha registrado un escrito en el Congreso pidiendo la comparecencia urgente de García Ortiz en la Comisión de Justicia para que explique su decisión de promover dos veces a Delgado y en ambas ocasiones los nombramientos han sido anulados por el Tribunal Supremo.

Además del PSOE, la única organización que ha salido en defensa de García Ortiz ha sido la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quien ha señalado que la petición de cese por parte del Senado supone "un gravísimo e intolerable ataque a la autonomía del Ministerio Fiscal, además del más execrable ejemplo de utilización partidista de las instituciones". "El citado acuerdo, no solo supone la absoluta degradación de la propia institución que lo adopta, sino que, como efecto colateral posiblemente deseado, viene a incidir en el desprestigio de la institución a la que, no solo el fiscal general del Estado, sino más de 2.700 fiscales servimos con absoluta dedicación y en el fiel cumplimiento de la sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad que nos impone el artículo 124 de la Constitución Española", añade.