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El Senado ha dado trámite a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para evitar que los terroristas puedan concurrir a las elecciones sin haberse arrepentido. Hasta ahora, la Loreg solo recoge la inelegibilidad cuando un terrorista ha sido condenado e inhabilitado, pero los populares quieren ir un paso más allá. En este sentido, cabe recordar que hay etarras que han podido salir ya de prisión y concurrir en listas electorales de Bildu, como en las municipales de 2023, sin haber ningún documento que acredite su arrepentimiento.
La proposición de ley ha superado el trámite de toma en consideración y ahora irá al Congreso para ser tramitada. La ley ha sido rechazada por el PSOE: los socialistas ya se opusieron a la iniciativa parecida que el PP presentó en el Congreso en octubre de 2024. Los socialistas, que han incorporado ahora a Bildu como socio de Gobierno, quieren molestar lo menos posible a la izquierda abertzale con este tipo de temas.
En concreto, la ley reforma el artículo 6 de la Loreg, añadiendo un nuevo punto, que dice lo siguiente: "Los que habiendo sido condenados y cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo no acreditaran documentalmente en el momento de la presentación de la candidatura de la que pretendan formar parte, su rechazo al terrorismo, a su justificación a sus fines y a sus medios; su arrepentimiento por los actos terroristas realizados o justificados; su solicitud de perdón a las víctimas por los mismos y su compromiso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes hasta su resolución. Asimismo, vendrán obligados a acreditar que han satisfecho la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria y el cumplimiento íntegro de las penas accesorias que les hubieran sido impuestas".
En este sentido, tal y como explicó LA RAZÓN la semana pasada, el Gobierno ha sido incapaz de acreditar documentalmente que los 43 etarras que fueron en listas electorales en las municipales de 2023 se hayan arrepentido. De esta manera, el PP mantiene su cerco al Gobierno con el giro que ha dado en las relaciones con Bildu, cada vez más cercano: como prueba de ello es la entrega de la alcaldía de Pamplona a los abertzales.
Los populares recuerdan que, desde 2011, más de un centenar de condenados por delitos de terrorismo han vuelto a ser incluidos en candidaturas para distintos procesos electorales. "El salto cuantitativo y cualitativo de terroristas condenados, entre ellos casi una decena como autores de crímenes execrables, como candidatos a las elecciones municipales, a Juntas Generales y autonómicas, en el País Vasco y Navarra, en 2023, ha generado un clima de indignación en la sociedad española y ha devuelto a sus víctimas al horror sufrido, que obliga al legislador democrático a proveer de nuevos instrumentos legales para impedir que en el futuro pueda volver a repetirse esta situación", ha argumentado el grupo popular en el Senado, comandado por Alicia García.