El «software» para el banco de ADN de la Ley de Memoria Democrática ha costado 350.000 euros

El importe del contrato del «software» Bonaparte que ha adquirido el Ministerio de Justicia con el objetivo de crear y gestionar el banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura asciende a 349.999,76 euros (IVA incluido), e incluye la adquisición de la licencia y cinco años de soporte estándar, es decir, la actualización del paquete de «software» más la resolución de incidencias.

El expediente está publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según consta en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB) a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Se trata de una adquisición auxiliar necesaria para cumplir con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática de 2022, según la cartera de Pilar Llop, que explica que no existía ningún «software» con anterioridad ni tampoco ningún banco estatal dedicado a la identificación de cadáveres de la contienda y años posteriores con fines humanitarios, así como ninguna ley que lo regulara. Como información adicional, se indica que en la identificación de cadáveres en la investigación penal se utiliza hasta ahora el sistema Codis cuya licencia para estos fines la ofrece gratuitamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos a los países firmantes del tratado de Prüm, entre otros.

La licencia en España es del Ministerio del Interior y su uso es restringido a la investigación criminal, según consta en la petición de información al CTGB que realizó el abogado Guillermo Rocafort.

El contrato, según puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se realizó con un procedimiento negociado sin publicidad y el adjudicatario –único licitador presentado– ha sido la empresa holandesa Smart Research BV. Con ayuda del sistema Bonaparte –desarrollado con fondos públicos europeos, creado a petición del Instituto Forense Holandés, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajos– se identificaron todas las víctimas del accidente aéreo de Trípoli (2010) y del vuelo MH17 de Malaysia Airlines (2014), se resolvió el caso Vaatstra (2012) y se localizó al abusador en serie de Utrecht (2014), según indica la propia compañía en su web.

El «software» se desarrolló inicialmente para la identificación de víctimas a gran escala, pero también puede utilizarse para la investigación de parentesco y la identificación de personas desaparecidas, según la firma holandesa, que añade que esta herramienta permite determinar la identidad cotejando el ADN de sus familiares.

La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, ha explicado que este sistema «permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos post-mortem procedentes de la exhumación de fosas comunes» de los periodos mencionados.

El «software», validado en el ámbito forense en distintos escenarios internacionales como la NFI, Interpol o ACIC, es capaz de realizar una búsqueda automatizada de perfiles de ADN de árboles genealógicos complejos, sea cual sea la relación de parentesco de los familiares que donan su ADN con la víctima que buscan. «Esta es una característica esencial, ya que se prevé una alta casuística de árboles genealógicos complejos, por falta de familiares directos», apuntan en Smart Research. El sistema «dispone, además, de un algoritmo matemático para calcular la significación estadística de las compatibilidades de ADN que se obtengan».

Según informó Justicia, el contrato incluye la licencia de «software» permanente, sin limitación de usuarios, por un periodo de cinco años de mantenimiento e instalación de cualquier actualización; así como una bolsa de horas anuales para la formación de los usuarios, gestión de incidencias e instalación de parches.

El banco será gestionado por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, pero el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses será el encargado del uso de los algoritmos de la aplicación y de los datos genéticos.

Tendrán acceso al banco nacional los laboratorios de ADN estatales y de las comunidades autónomas que participen en proyectos de memoria democrática y que previamente hayan sido evaluados satisfactoriamente por la Comisión Nacional para el Uso Forense. Se prevé la participación en el banco estatal de alrededor de 12 laboratorios de ADN de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias, Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y Galicia.