Sumar propone en el Congreso recuperar el subsidio para los que salen de la cárcel

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso reclamando la recuperación del subsidio por excarcelación, una ayuda social que fue suprimida por un decreto el año pasado.

Según el texto, recogido por EP, la norma aprobada por el Gobierno de coalición del que forma parte Sumar derogó el apartado 2 del artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social que reconocía el derecho a percibir el subsidio por excarcelación a las personas liberadas de prisión sin derecho a prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad hubiera sido superior a seis meses.

También se incluían los menores de centros de internamiento y las personas que hubiesen concluido un tratamiento de deshabituación de drogas vinculado a la suspensión de una pena.

Tras la reforma, explican, la única alternativa es solicitar el ingreso mínimo vital, pero las personas que han pasado un periodo privadas de libertad "carecen en muchos casos de herramientas para gestionar telemáticamente la solicitud".

El grupo denuncia que la "falta de citas" disponibles en las oficinas de la Seguridad Social impide que estas personas puedan acudir presencialmente para solicitar esta prestación, cuya resolución "puede tardar alrededor de un año frente al mes o dos meses que tardaba el subsidio por excarcelación".

En este sentido, señalan que la excarcelación "no debe suponer la pérdida automática del derecho a la protección social", especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa, que se debatirá y votará en la Comisión de Interior del Congreso, esgrime que el apoyo económico y social inmediato tras la excarcelación reduce significativamente las tasas de reincidencia y que el subsidio "actúa como red de seguridad que permite a la persona concentrarse en su proceso de reinserción laboral y social".

Y que su eliminación "puede generar consecuencias negativas tanto para las personas afectadas como para la seguridad ciudadana en general".

Por todo ello, la formación de Yolanda Díaz propone que el Congreso inste al Gobierno a abrir un proceso de consulta con expertos en reinserción social, Criminología y organizaciones especializadas que evalúe el impacto de la supresión del subsidio.

Así como a tomar las medidas legislativas necesarias en el ámbito de la seguridad social para garantizar la protección social de las personas en proceso de reinserción tras el cumplimiento de condena.