El Supremo exige a la Fiscalía que aclare si García Ortiz estaba obligado a formatear su móvil

El juez que investiga en el Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado por la revelación de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso reclama a la Fiscalía que aclare si existe o no una normativa que obligase a Álvaro García Ortiz a formatear su móvil.

El magistrado Ángel Hurtado requiere al Ministerio Público que le haga llegar una copia de las reglas internas sobre el uso de cuentas de correo y teléfonos tanto particulares y profesionales por parte de los miembros de la Carrera y altos cargos de la Fiscalía General del Estado.

El instructor pregunta, al mismo tiempo, al Ministerio Fiscal si el teléfono que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en el despacho del fiscal general durante su registro se formateó o no, y, si se sometió a un borrado, solicita saber quién lo ejecutó, cuándo y qué software se empleó para ello.

El magistrado de la Sala de lo Penal también se dirige al departamento de informática de la Fiscalía General para que aporte las ocasiones y en qué fechas cambió de terminal García Ortiz, así como los datos de referencia de todos los dispositivos que pudo haber utilizado desde el pasado 7 de marzo.

La clave es que, por primera vez, el TS toma cartas en la búsqueda del móvil del fiscal general que falta y que dejó de usar el pasado 23 de octubre. Justo una semana después de ser imputado en esta causa por revelación de secretos y seis días antes de que entrase la UCO en su despacho.

La fecha del pasado 7 de marzo a partir de la que quiere saber el juez Hurtado cuántos móviles utilizó García Ortiz no es baladí ya que es considerada como la primera de las jornadas en que se fraguó la filtración de los correos del abogado del novio de Ayuso con el fiscal Julián Salto. En definitiva, los que precedieron a la publicación, primero, la noche del 13 de marzo, de textuales del mail en Cadena Ser y, más tarde, el día 14 de marzo, de una imagen del correo en El Plural.

Esta serie de diligencias, acordadas hoy en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fueron planteadas por las acusaciones populares. El instructor deniega, en cambio, tomar declaración a exaltos cargos de La Moncloa como Pilar Sánchez-Acera, antigua jefa de gabinete de Óscar López como director del gabinete del presidente del Gobierno; los dos últimos secretarios de Estado de Comunicación, Francesc Vallès e Ion Antolín, así como a una jefa de prensa del Gobierno, Laura Sánchez Espadas.