La Conferencia de Presidentes acaba como se esperaba. Sin acuerdos, pero con una certeza: la de la «bunkerización» del Ejecutivo frente a su precaria situación política y judicial. El transcurso de la reunión en el Palacio de Pedralbes de Barcelona aventuró una nueva oleada de crispación política y poca posibilidad de entendimiento, pero también reflejó la realidad de un Gobierno dispuesto a seguir adelante hasta 2027, a pesar de que trece de diecisiete comunidades autónomas, que gobiernan para el 70% de los ciudadanos, le reclamaron en bloque que pusiese fin a la legislatura ante la sombra de la corrupción que asfixia al Gobierno y su minoría parlamentaria que le impide aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno, que quería coger aire con la agenda centrada en Vivienda, acabó ofreciendo la imagen del «no a todo». En la reunión, los presidentes del PP llegaban «uniformados» –según un barón socialista– en referencia a que acudían con una carpeta de propuestas consensuadas con ocho asuntos en materia de financiación autonómica, vivienda, inmigración, seguridad y energía, educación y sanidad, entre otros asuntos. Sin embargo, la esperanza de llegar a un acuerdo la disipó el propio Pedro Sánchez desde el principio. Según trasladó en respuesta a diferentes presidentes autonómicos, «no apoyaba ninguna de nuestras propuestas». Lo que fue valorado por los territorios como «sorprendentemente lamentable y negativo». Una confirmación por parte de Pedro Sánchez que contrasta con el discurso con el que él mismo inauguró la reunión a puerta cerrada. Y es que Sánchez llamó a debatir con «espíritu constructivo» y con «honestidad» y a dejar «la crispación en el perchero» porque sino el encuentro «servirá para muy poco». Con ese ánimo, los populares fueron esbozando sus propuestas de acuerdo para encontrarse con el «no» a todo.

Las quejas de los barones

Así, el enfado de los barones populares fue general porque la sucesión de monólogos no se tradujo en ningún consenso. «Nadie entiende que estemos a mitad de año y no se hayan aprobado las entregas a cuenta ni los mecanismos extra del FLA», se quejaba el presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras. A la salida de la Conferencia, presidentes como Juanma Moreno (Andalucía) confesó salir de la reunión con una sensación de «fracaso, de vacío». Y cuestionó las intenciones del Ejecutivo al convocar la cumbre. «Lo hace para que no se hable de los líos, los follones y posibles irregularidades que acechan al entorno del presidente del Gobierno», reprochó. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, vio un intento de «levantar muros y buscar enfrentamientos» en Sánchez.

Desde Baleares, el grito de la financiación y de la inmigración, junto a Canarias. El presidente Fernando Clavijo se fue con la sensación de «soledad» ante el drama humanitario. «Se está poniendo en peligro la prestación de servicios básicos», clamó el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. Estas fueron algunas de las quejas de los populares que llevaron después a exigir al Gobierno que convoque elecciones anticipadas. «Es el clamor que está en la calle», presionaban. Una petición al propio Sánchez que sirvió de previa al rechazo al Gobierno que el PP escenificará en la calle este domingo bajo el grito de «Mafia o Democracia». Los populares quisieron que Sánchez «se enterara» por ellos mismos de lo que será «un clamor». Sin embargo, Sánchez ya les contestó en directo que no adelantará elecciones. «Serán cuando toquen».

La reunión del Gobierno y de las comunidades confirma la continuidad de la batalla campal entre el Gobierno y los territorios del PP y a la que también se suma el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El único barón socialista crítico volvió a ser «boicoteado» por el propio presidente del Gobierno. En el turno de ruegos y preguntas, Sánchez «cortó» la intervención del presidente castellanomanchego cuando más crítico se mostró contra el independentismo. En su discurso, según fuentes presentes en la reunión, cargó contra la negativa del Gobierno a abordar la reforma del sistema de financiación y contra la «obscena» cesión al independentismo sobre el control de las fronteras. Page exigió «fecha» y propuesta concreta para abordar la reforma del sistema de financiación. «Que se acabe la política del yo invito y tú pagas», advirtió. En su entorno, insisten también en adelantar las urnas para evitar que la tensión social se lleve a los territorios.

De fondo, socialistas y populares si que coincidieron en que el foro «no sirve». El propio lehendakari vasco dejó en el aire la asistencia a la próxima convocatoria.