Como han hecho el resto de acusaciones populares y la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, Fundación Foro Libertad y Alternativa reclama también una condena de prisión para Álvaro García Ortiz, en su caso por revelación de secretos y prevaricación.

La acusación popular, que solicita cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado, solicita otros tres para Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, como cooperadora necesaria de la difusión de los datos sobre la investigación por un supuesto fraude tributario al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y en la línea de otras acusaciones, pide que se les suspenda en el ejercicio de su cargo durante tres y dos años, respectivamente.

En ese escrito, el abogado de Fundación Foro Libertad y Alternativa, Fernando García Capelo, asegura que al reclamar los correos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto incurrió "en una evidente desviación de poder" que usó para "tratar de ocultar la comisión de un delito" al reclamar a la fiscal jefe de Madrid que le enviara esos correos no a su cuenta corporativa, sino "a su cuenta personal, lo que supone de por sí un acto contrario a Derecho".

"El alto conocimiento jurídico del acusado", argumenta la acusación popular, dada su condición de máximo representante del Ministerio Fiscal y "garante" de la legalidad, "impide que pueda considerarse que desconoce la ilegalidad de su actuar".

"Ocultar el delito"

De hecho, puntualiza, "es claro que sustituye el ordenamiento jurídico por su propia voluntad pues imparte una instrucción haciendo uso del poder administrativo conferido no con la finalidad de dar cumplimiento a los fines establecidos por el ordenamiento jurídico, sino para su propio beneficio personal, buscando una situación que le permita ocultar el delito que se dispone a cometer".

Para Foro Libertad y Alternativa la comisión de un delito de revelación de secretos es indudable. "Que las conversaciones abogado-fiscal en un asunto preprocesal en el que se negocia una posible conformidad no deben ser divulgadas y son secretas es algo tan evidente que, por lo menos por el momento, no necesita siquiera argumentación".

La difusión del contenido de esos correos, mantiene, ha provocado "un grave daño" a González Amador, "al exponerse los términos de la negociación, habiendo afectado de manera evidente a su imagen pública", pues recuerda que "ha sido

reiterada la calificación de "defraudador confeso" para referirse a él, incluso aunque no hubiera confesado delito alguno y no existiera ni siquiera un procedimiento iniciado contra él".

Además, pone de relieve, ha afectado a su derecho de defensa, "pues la publicidad del expreso reconocimiento por parte del letrado y en nombre de su defendido de la comisión de dos delitos afecta de manera necesaria tanto a la capacidad del letrado a la hora de defender la inocencia" como también, "y aunque sea de manera inconsciente, en el ánimo del tribunal, así como en la opinión pública ante la que un veredicto de absolución resultaría incomprensible".

Filtrado para usarlo en la "contienda política"

Esa difusión de datos reservados, continúa, también ha causado "un grave daño a la causa pública, pues ha puesto en entredicho la garantía de confidencialidad de los procesos de negociación de la conformidad con la Fiscalía" y ha supuesto igualmente "una grave afectación de la posición institucional de la propia Fiscalía, quedando comprometida su apariencia de neutralidad".

En cuanto a la nota de la Fiscalía publicada el 14 de marzo del pasado año, afirma que "no había ninguna razón objetiva para que la nota tuviera que salir con la urgencia que exigía" García Ortiz "más allá del uso que de la misma se pudiera hacer en el debate político entre partidos en esa mañana en la que había sesión de control en la Asamblea de Madrid"

Ese correo del 2 de febrero de 2024, mantiene, "fue filtrado desde Fiscalía General del Estado a Presidencia del Gobierno, con la intención de que pudiera ser utilizado en la contienda política, en concreto, en la sesión de control en la Asamblea de Madrid" contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Objetivo: perjudicar" al PP

Aunque el entonces líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, "se negó a su utilización por desconocer el origen del mismo, aunque sospechando que era la Fiscalía", Pilar Sánchez Acera, directora de gabinete de Óscar López, "le aseguró que estaría publicado antes de la sesión de control, para que así pudiera ser utilizado sin problemas", como así sucedió.

Para el abogado de la acusación popular -que agrupa también a Hazte Oír y Vox- la filtración de ese correo a la cadena Ser "no sólo pretendía dar difusión al contenido reservado" del mismo para que "perjudicara al Partido Popular y para que desde el Gobierno y el Partido Socialista pudieran utilizarlo en la controversia partidista", sino que también "servía de justificación para la publicación de la nota informativa" que preparaba la Fiscalía. Una nota, recuerda, "en la que asimismo se incluían datos reservados cuya publicación se pretendía quedara justificada por la previa publicación en medios del contenido del referido correo-e de 2 de febrero de 2024".