Urdangarín dice que sus negocios se deben a su currículo y no al matrimonio con la Infanta

La defensa de Iñaki Urdangarin niega en el recurso contra sus imputaciones en el caso Nóos que haya cometido alguno de los ocho delitos que le imputa el juez Castro, aunque admite que puede ser responsable de "irregularidades administrativas tributario-fiscales".

El abogado del duque de Palma niega en su recurso de apelación, contra la decisión del juez José Castro de mantener a Iñaki Urdangarín imputado en la causa, que su cliente cometiese delito alguno y únicamente contempla que pudiera haber cometido «irregularidades administrativas tributario-fiscales» en 2007 y 2008, que en su opinión nunca serían delictivas por no rebasar las cuotas supuestamente defraudas los 120.000 euros que delimitan la existencia de delito fiscal. Mario Pascual Vives se queja de que el magistrado haya «despreciado indicios de notable fuerza exculpatoria» y considera las imputaciones de delito fiscal «dudosas» e «inconsistentes». También defiende que llevó a cabo su actividad profesional no por su matrimonio con la Infanta Cristina y por ser entonces yerno del Rey, sino por su currículo. «Fue deportista olímpico, vicepresidente del Comité Olímpico Español, deportista de alto nivel y amplió sus conocimientos profesionales en la entonces prestigiosa escuela de negocios Esade», recuerda. Todo, dice, era «conocido y público» y «nada de eso parece delictivo».

A renglón seguido lamenta que Castro haya hecho de estos vínculos familiares «el eje sobre el que hace pivotar la presunta responsabilidad» del duque de Palma en sus contratos con la Administración.

La defensa de Urdangarín denuncia que «de manera sistemática» el derecho a la presunción de inocencia de su cliente se ha olvidado, siendo sometido por los medios de comunicación y «determinados sectores de la ciudadanía» a «juicios paralelos» y «pre-condenas gratuitas».

Urdangarín niega a través de su abogado que cometiese los delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración que el juez le imputa por los convenios firmados con las administraciones balear y valenciana, entre 2004 y 2006, por los que el Instituto Nóos percibió casi seis millones de euros. Dice que todos esos convenios estaban sometidos al Derecho Privado y cumplieron «las exigencias legales vigentes» en el momento en el que se suscribieron. Sostiene, además, que hasta 2006 únicamente percibió a través de Aizoon 795.732 euros (923.049 euros con IVA), pese a lo cual, se queja, el juez le mantiene «una fianza de responsabilidad civil solidaria de seis millones de euros». A partir de esa fecha, recalca, «sólo percibe ingresos de sociedades mercantiles privadas».

El abogado considera que, al imputar el juez una pluralidad de delitos heterogéneos y afectar la causa a varias autonomías, el «caso Nóos» debería haberlo investigado la Audiencia Nacional.