Vox, la formación liderada por Santiago Abascal, ha elevado una queja ante el Parlamento Europeo por el escándalo de las pulseras defectuosas compradas por el Ministerio de Igualdad y de las que la responsable de la cartera, Ana Redondo, se ha negado a aportar el número de las mujeres afectadas por los errores conocidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, el máximo exponente de la formación en Bruselas, Jorge Buxadé, ha presentado ante Europa varias preguntas sobre la posición del organismo respecto a la situación que se ha producido en España. "¿Va a investigar y/o reclamar al Gobierno de Sánchez este mal uso de fondos europeos?...¿Qué medidas piensa adoptar frente a esta negligencia del Gobierno de España?", rezan las dos cuestiones registradas en el día de hoy.

Ante la desprotección que han sufrido las mujeres por la "ineptitud del Gobierno socialista" que buscó ahorrar varias partidas presupuestarias con pulseras de una menor calidad y con los mismos errores, Buxadé ha reclamado que se investiguen a las empresas responsables. Desde la formación de Santiago Abascal señalan que la inversión proviene de los fondos adelantados por la Unión Europa para España.

De la misma manera, lamentan que el Ejecutivo no haya reconducido la situación ante los avisos de los magistrados o del Defensor del Pueblo en su informe del año 2019, recordando que se han perdido los datos esenciales que han promovido la salida de los agresores de las prisiones o que se hayan eludido las órdenes de alejamiento decretadas por los tribunales.

El PP reclama la dimisión de Ana Redondo

Por su parte el Senado, donde tiene mayoría el PP, ha aprobado una moción para que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presente su dimisión o en su defecto el presidente del Gobierno termine con su participación en el Ministerio de Igualdad.

En este sentido la moción ha sido aprobada con los 34 votos a favor de los populares, los votos en contra de los partidos progresistas y 3 abstenciones (Junts, Vox y Agrupación Herreña). Con esta decisión el texto busca garantizar que los dispositivos telemáticos sean "seguros, fiables, garantistas y realmente útiles" y terminar con las consecuencias del escándalo de las pulseras.