La mutilación genital femenina, una realidad en España

Hace más de una década que diversas organizaciones españolas vienen avisando: la Mutilación Genital Femenina (MGF), que comprende todos los procedimientos que por motivos no médicos alteran o lesionan los órganos genitales femeninos, es una realidad en nuestro país. Y lo es como consecuencia de la inmigración de mujeres provenientes de países del África subsahariana, Egipto, Colombia o Perú, entre otros. Se trata de una aberrante violación de Derechos Humanos que afecta a mujeres y, especialmente, a niñas menores de 15 años; una violencia basada en no pocos casos en creencias transmitidas por el boca a boca desde el primer siglo a.C. como que “si no se corta el clítoris no deja de crecer”, “así podrás tener más hijos” o los más que machistas “mantiene a las mujeres vírgenes” y “así darás más placer al hombre”.

Para evitar que niñas y jóvenes sean víctimas de tan horrible mutilación que condicionará el resto de sus vidas, pero también con el fin de atender a aquellas mujeres que ya han sufrido la violación de sus cuerpos, resulta vital la colaboración de las administraciones públicas con los profesionales del sistema sanitario.

Estos deben de conocer las consecuencias, como hemorragias, shock, infecciones, tétanos o muerte, que no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo (disuria, cálculos, desgarros, aumento de mortalidad perinatal, quistes, neuromas, trastorno de estrés postraumático, disminución del deseo sexual, depresión, anorgasmia…) puede tener la MGF sobre la salud de las mujeres víctimas. Deben también conocer los cuatro tipos de MGF que existen, ya que la infibulación (MGF tipo III; estrechamiento y cierre de la apertura vaginal mediante el corte y recolocación de labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris) puede ser remediada antes de las primeras relaciones sexuales o bien durante el segundo trimestre de gestación o en el momento del parto.

Pero también es fundamental el trabajo de mediadores con las familias. Con las propias mujeres susceptibles de ser víctimas o que ya lo han sido, por una parte. Pero también, por otra, con los padres de las niñas que, en no pocas ocasiones, son enviadas a su país origen para sufrir la terrible mutilación. Y, por supuesto, es esencial la formación de educadores y docentes, que tratan con las menores en las escuelas, de la policía para prevenir estos delitos, así como de los trabajadores de los servicios sociales y juzgados de familia.

En la Comunidad de Madrid, cuya Ley de Violencia de 2005 fue la primera en recoger explícitamente en sus artículos 7.4 y 29 la MGF como violencia específica contra la mujer, se editó en 2017, gracias a Red de Prevención de MGF de la Comunidad, una “Guía de prevención de la Mutilación Genital Femenina de la Comunidad de Madrid”.

Además, se han organizado mesas informativas en los centros de salud que atienden a un mayor número de mujeres de países en donde se practica ésta y se ha implicado a las Universidades en su estudio.

Pero también resulta importante, en aras a la prevención, modificar nuestro actual Código Penal, ya que la MGF, que puede perseguirse extraterritorialmente cuando la víctima tiene la nacionalidad española, se recoge en estos momentos en el artículo 149 como un delito de lesiones. Todo ello debe de ir acompañado, como ya se ha señalado, con programas de formación, educación, prevención y protección. Urge que el gobierno de España, entretenido estos días en sustraer a los padres la libertad educativa de sus hijos, tome medidas, facilitando a las víctimas de la MGF los servicios legales, psicológicos y asistenciales que precisen.

Eso sí sería feminismo. Pero Sánchez y Montero -la de Galapagar- están a otra cosa.