El alcalde de Verín (Ourense), condenado a dos años de cárcel por unas obras junto a una iglesia protegida

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado al alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSOE), a dos años de prisión como autor de un delito contra la ordenación del territorio por unas obras promovidas en 2019 en el entorno de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Queirugás, un templo catalogado y con protección urbanística especial.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, lo absuelve del delito de prevaricación urbanística que también le atribuía la Fiscalía.

Además de la pena de cárcel, el tribunal le impone una multa de 2.520 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, lo que le impide presentarse a unas elecciones mientras dure la misma. Esto no le aparta de su cargo actual, que ejerce desde 2015, pero sí complica su futuro político, ya que ahora mismo no podría concurrir a los comicios municipales de 2027.

Los magistrados consideran probado que el regidor, arquitecto de profesión, impulsó unas obras de gran calado sin solicitar los permisos obligatorios ni presentar un proyecto técnico.

Los trabajos incluyeron la demolición y levantado del firme de hormigón, movimientos de tierras para canalizaciones de abastecimiento de agua, soterramiento de redes eléctricas y de alumbrado público, introducción de arquetas y la ejecución de un nuevo pavimento de hormigón. Según la sentencia, estas actuaciones supusieron una “afectación importante” al entorno protegido del templo.

Durante el juicio, Seoane alegó que se trataba de labores menores y de carácter urgente por riesgo de derrumbamiento de un muro. Sin embargo, la Audiencia rechazó este argumento y subrayó que la intervención no solo alteró la fisonomía de la zona, sino que incluso modificó la dimensión de la calle.

Uno de los peritos de la Dirección Xeral de Patrimonio relató que visitó el lugar en tres ocasiones tras la denuncia de la Policía Autonómica. En la primera inspección, en febrero de 2019, ya constató la existencia de trabajos de urbanización en un entorno protegido, sin autorización alguna de la Consellería de Cultura. Pese a requerir la paralización inmediata, el Concello de Verín continuó con las obras. El informe final destacó que se habían producido “variaciones sustanciales” en el muro del atrio de la iglesia respecto a la situación original.

El tribunal atribuye la responsabilidad exclusiva de lo ocurrido al alcalde, al que identifica como promotor del proyecto. Aunque la Fiscalía había solicitado hasta seis años de prisión, la Audiencia descartó la prevaricación urbanística y redujo la condena a dos años.