La defensa del maquinista de Angrois recurre la condena y solicita su absolución total

El abogado defensor de Francisco Garzón, el maquinista condenado a 79 años de prisión por homicidios imprudentes a raíz del trágico accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013, ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia. En su apelación, el letrado Manuel Prieto solicita la absolución total de su cliente, argumentando errores en la apreciación de la prueba y la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

El accidente del tren Alvia, que costó la vida a 79 personas y dejó a más de 140 heridas, marcó uno de los sucesos más trágicos en la historia reciente del sistema ferroviario español. Tras la sentencia dictada el pasado mes de julio, en la que Garzón fue condenado junto a Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad de Adif, la defensa del maquinista sostiene que la responsabilidad de la tragedia recae en las fallas del sistema de seguridad de Adif y Renfe, responsables de la seguridad en las vías y la gestión del riesgo.

En su recurso, Prieto no solo solicita la absolución de Garzón, sino también, de manera subsidiaria, que los hechos sean considerados como una falta leve, conforme al Código Penal vigente en el momento del siniestro, y que actualmente ya no se considera un delito. El abogado critica la valoración de las pruebas y argumenta que, de acuerdo con la normativa de seguridad ferroviaria y laboral, tanto Adif como Renfe eran responsables de la seguridad de los maquinistas, quienes no fueron adecuadamente protegidos frente a los riesgos inherentes a su trabajo.

Los argumentos de la defensa: fallos en la seguridad y la gestión del riesgo

Uno de los puntos clave de la apelación es la crítica a la normativa de seguridad aplicada por Adif y Renfe. Según la defensa de Garzón, Adif no consideró el factor humano en la operación del tren, especialmente en lo relativo al trabajo del maquinista. El recurso señala que la normativa en materia de seguridad no fue debidamente implementada por las empresas responsables, lo que, en opinión de Prieto, constituye una negligencia grave que agravó el riesgo de accidente. De hecho, durante el juicio, se reconoció que Adif no valoró adecuadamente el impacto del puesto de conducción sobre el bienestar y la seguridad del maquinista.

Otro aspecto relevante de la apelación es la gestión de los límites de velocidad en la línea ferroviaria en la que ocurrió el accidente. Según la defensa, el cuadro de velocidades máximas (CVM) emitido por Adif era incorrecto, no reflejaba la realidad de la línea y resultaba impracticable. Este error en la normativa, según Garzón, creó un riesgo de exceso de velocidad no controlado ni mitigado en la curva de la Grandeira, una de las principales causas del descarrilamiento.

Además, Prieto sostiene que Adif no transferió adecuadamente el riesgo a Renfe, que operaba el tren. En su argumento, si Renfe no asumió el riesgo asociado con el exceso de velocidad, no puede trasladarse esa responsabilidad al maquinista, quien no tenía la capacidad ni la competencia para gestionar tal riesgo.

El papel de la Fiscalía y Renfe en el recurso

Por otro lado, la Fiscalía, que inicialmente acusaba a Cortabitarte, exdirector de seguridad de Adif, ha retirado su acusación en su contra en el último momento, aunque también ha anunciado que presentará un recurso ante la sentencia. La postura de la Fiscalía parece ir en línea con la defensa de Garzón en cuanto a la falta de responsabilidad atribuible al maquinista.

En cuanto a Renfe, la operadora ferroviaria también ha recurrido la sentencia y ha solicitado la atenuante de reparación del daño en favor de Garzón. Renfe considera que el maquinista no actuó con dolo y que la responsabilidad de los hechos recae sobre los errores estructurales y de seguridad en la infraestructura ferroviaria, más allá de la actuación individual del conductor.

La polémica sobre la responsabilidad del accidente

Este caso ha generado una gran controversia, ya que los responsables de Adif y Renfe, entidades encargadas de garantizar la seguridad ferroviaria, han sido ampliamente cuestionadas por la falta de medidas preventivas y por no haber garantizado adecuadamente la seguridad de los trabajadores, especialmente los maquinistas. La defensa de Garzón subraya la negligencia de Adif y Renfe, al no evaluar correctamente los riesgos derivados del exceso de velocidad en la curva y la falta de protección para el maquinista ante posibles fallos en la seguridad.

El recurso interpuesto por Garzón y los otros actores del proceso refleja la complejidad del caso y las múltiples responsabilidades involucradas en el accidente de Angrois. La apelación está siendo seguida de cerca por la opinión pública, que espera un análisis detallado sobre las responsabilidades de las empresas y los trabajadores en uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente de España.