El PPdeG reclama al Gobierno que equipare el IRPF de las parejas de hecho con los matrimonios

El Grupo Popular volverá a colocar en el debate político estatal el encaje fiscal de las parejas de hecho. Su portavoz en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, avanzó este jueves que el PPdeG registrará una Proposición No de Ley para instar al Gobierno central a modificar la normativa del IRPF y equiparar el tratamiento de las parejas de hecho al de los matrimonios, una petición que, según afirmó, responde a una cuestión “de pura lógica” y “justicia social”.

Pazos recordó que en Galicia esta igualdad de trato ya existe en los tributos de competencia autonómica. Las parejas de hecho legalmente constituidas disfrutan de las mismas condiciones que los matrimonios en impuestos como sucesiones, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, y también en el acceso a la pensión de viudedad. Sin embargo, subrayó, el Estado mantiene una diferencia relevante: en el IRPF, las parejas de hecho no pueden formar una unidad familiar conjunta si no existe vínculo matrimonial.

Esta situación genera casos “injustos y discriminatorios”, según explicó. “Hoy, una pareja de hecho con hijos solo puede incluir a uno de sus miembros en la unidad familiar del IRPF, mientras que el otro está obligado a declarar de forma individual porque la Agencia Tributaria no reconoce esa convivencia”, señaló el portavoz popular.

Pazos insistió en que esta disparidad “debe ser corregida de inmediato” y puso como ejemplo el modelo gallego, donde “una familia es una familia, se llame como se llame y tenga el amparo legal que tenga”. A su juicio, equiparar el marco estatal al autonómico supondría “un beneficio claro” para miles de hogares que, según defendió, merecen el mismo reconocimiento fiscal que los matrimonios.

El PPdeG espera que la iniciativa obtenga un apoyo amplio en la Cámara autonómica para trasladar un mensaje de unidad a Madrid. “Es una demanda justa y lógica”, recalcó Pazos, confiando en que no encuentre “trabas” de la oposición y que el Gobierno central impulse finalmente la reforma legislativa. “Se trata, simplemente, de respetar por igual todas las formas de convivencia y garantizar que no existan diferencias discriminatorias a efectos económicos y familiares”, añadió.