Renfe, Adif y el alcalde de Vigo, ante la justicia por reducir trenes en la España vaciada

Un grupo de colectivos ciudadanos de Zamora y la formación política Unión del Pueblo Leonés (UPL) han presentado este viernes en los juzgados de Zamora una denuncia por un presunto delito de prevaricación administrativa y abandono de servicio público contra varios altos cargos del sector ferroviario, entre ellos el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al que señalan como “instigador” del recorte de frecuencias de trenes de alta velocidad en la estación de Sanabria AV.

La denuncia también incluye al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y al presidente de Adif, Pedro Luis Marco. La abogada que ha formalizado la denuncia, Pilar Calvo, explicó a las puertas del juzgado que solicitan, como medida cautelar, la paralización inmediata de los cambios en los horarios ferroviarios, previstos para entrar en vigor el próximo lunes 9 de junio.

El nuevo esquema de Renfe suprime dos trenes matinales con salida desde Sanabria hacia Zamora y Madrid, y un tren de regreso desde la capital. El primer servicio disponible desde la estación zamorana es a las 12.27, un cambio que ha sido duramente criticado por los vecinos de la zona, que ven mermadas sus opciones de conexión a primera hora del día.

Comunidad movilizada

La estación de Sanabria AV, inaugurada en 2021, fue concebida como parte del esfuerzo por integrar el entorno rural zamorano en la red de alta velocidad. Los colectivos denunciantes -Terra SOStenible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora y la propia UPL- argumentan que esta supresión vulnera la función de servicio público del tren, ya que priva a los ciudadanos de un medio esencial para desplazarse por motivos laborales o sanitarios.

La abogada Pilar Calvo, que ha presentado este viernes la denuncia en los juzgados de Zamora, subraya que, pese a que Renfe ha justificado la medida como una decisión basada en el “interés público”, dicha justificación exige una tramitación legal que no se ha producido: “No ha habido trámite de audiencia a los interesados ni declaración formal de interés público por parte del Ministerio”. A su juicio, esta actuación entra en el ámbito del delito de prevaricación, al tratarse de “una decisión injusta a sabiendas”.

El origen del conflicto

En el origen de este conflicto se sitúa una petición expresa del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien había solicitado la supresión de paradas intermedias en alguno de los trayectos en la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid con el objetivo de acortar los tiempos de viaje hacia la ciudad olívica.

“Creo que es una decisión justa”, afirmaba el propio regidor socialista cuando se confirmó que dos trenes con salida desde Vigo ya no iban a parar en Segovia, Medina del Campo ni Sanabria.

Caballero apelaba a la “solidaridad” de Castilla y León y defendía el cambio alegando que Vigo, además de recorrer 100 kilómetros adicionales, tiene demasiadas paradas en el trayecto.

La denuncia presentada este viernes podría derivar en la imposición de penas que oscilan entre ocho meses de prisión y la suspensión del empleo o cargo público entre seis meses y dos años. Además, no se descarta que el caso pueda acabar en la Audiencia Nacional, si se considera que afecta a más de una comunidad autónoma.