El transporte público de A Coruña en jaque: el TSXG obliga a aumentar su financiación

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nulo el presupuesto del Ayuntamiento de A Coruña de 2024 destinado a la subvención del bonobús al considerar que la partida prevista resultaba "manifiestamente insuficiente" para cubrir los gastos reales del servicio. La sentencia obliga al consistorio a aumentar la cantidad destinada al transporte público para garantizar su sostenibilidad.

La decisión del alto tribunal gallego responde a un recurso presentado por la Compañía de Tranvías, empresa concesionaria del transporte urbano en la ciudad, contra el acuerdo municipal del 28 de diciembre de 2023, que aprobaba el presupuesto para 2024.

La compañía alegó que los 7,9 millones de euros previstos para cubrir la diferencia entre la tarifa común (1,30 euros) y la bonificada no eran suficientes, teniendo en cuenta los datos de ejercicios anteriores.

Insuficiencia presupuestaria

El TSXG argumenta en su fallo que el Ayuntamiento "no podía desconocer" la insuficiencia de la partida presupuestaria, ya que contaba con información suficiente para prever un gasto mayor.

Según el tribunal, en diciembre de 2023 aún quedaban pendientes de pago más de 9 millones de euros en facturas del año anterior, lo que evidenciaba que la cantidad aprobada para 2024 no era realista.

El tribunal también recuerda que la facturación total de la empresa concesionaria en 2023 ascendió a 19 millones de euros, de los cuales 15,3 millones correspondieron a pagos del Ayuntamiento. Pese a ello, el consistorio decidió presupuestar sólo 7,9 millones para la subvención del bonobús en 2024, sin ajustar la previsión a la evolución del gasto en años anteriores.

Como consecuencia, el TSXG ordena al Ayuntamiento de A Coruña que incremente la partida de la subvención del transporte público en la cantidad necesaria para cubrir los costes del servicio y evitar futuras carencias presupuestarias.

Sin embargo, no establece una cifra concreta, dejando en manos de la corporación municipal el cálculo del importe adecuado conforme a los criterios expuestos en la sentencia.

El fallo no es firme y contra él cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el Ayuntamiento deberá decidir cómo ajustará sus cuentas para cumplir con la resolución judicial y garantizar el correcto funcionamiento del transporte público en la ciudad.