Transportistas gallegos llevarán al Supremo las prórrogas de la AP-9 reclamando la devolución de los peajes

La batalla por el futuro de la AP-9 suma un nuevo frente, esta vez en los tribunales. La Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) ha anunciado este jueves que el próximo mes de septiembre presentará una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para reclamar la nulidad de las dos prórrogas que el Gobierno español concedió a Audasa en los años 1994 y 2000 en la gestión de la Autopista del Atlántico. La última de estas extensiones mantiene vigente la concesión hasta el año 2048.

En una rueda de prensa celebrada en Santiago, el presidente de la federación, Ramón Alonso Fernández, aseguró que de este modo buscan “recuperar jurídicamente esa autopista” y lograr que, finalmente, sea gratuita.

La demanda se dirige directamente contra las decisiones del Consejo de Ministros que aprobaron dichas prórrogas, al entender que se concedieron de forma irregular y sin respetar los principios de libre concurrencia exigidos por la normativa europea.

El secretario general de Fegatramer, Carlos García Cumplido, fue aún más allá al avanzar que, si el Supremo anula finalmente estas prórrogas, también reclamarán la devolución de los peajes pagados “indebidamente” por los usuarios durante todos estos años. “Estas prórrogas fueron un pelotazo que están pagando todos los ciudadanos de Galicia”, denunció.

60.000 vehículos al día

Según los datos aportados por Fegatramer, la AP-9 registra a diario un volumen aproximado de 60.000 vehículos, de los que en torno a 4.000 corresponden a vehículos de transporte profesional que se ven obligados a abonar los peajes de la vía.

“Esto no sólo supone un sobrecoste económico evidente, sino que representa una discriminación territorial que Galicia no debería seguir soportando”, advirtió García Cumplido, quien también cargó contra la “pasividad” del Gobierno central. “No tenemos muy claro qué va a hacer”, lamentó.

La demanda que presentarán los transportistas gallegos se enmarca, no obstante, en una situación de creciente presión sobre el Ejecutivo español por parte de las instituciones europeas.

La Comisión Europea ya dictaminó que las prórrogas de la AP-9 (y también de la AP-66) vulneran la normativa de la UE sobre contratación pública al no haberse realizado con libre concurrencia, y ha dado a España un ultimátum para corregir estas irregularidades. Si en el plazo de dos meses no se produce una solución satisfactoria, Bruselas llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Hasta cuatro años

Desde Fegatramer subrayan que el procedimiento judicial ante el Supremo es independiente del expediente abierto por la Comisión Europea. La federación calcula que la resolución del alto tribunal podría demorarse hasta cuatro años, aunque considera que su impacto sería determinante para el futuro de la concesión y de cara a un hipotético traspaso de la gestión de la AP-9 a la Xunta de Galicia.

El anuncio de esta iniciativa judicial se suma a las crecientes voces -desde instituciones, colectivos y partidos políticos gallegos- que cuestionan la legalidad y legitimidad de las prórrogas concedidas a Audasa.