La opaca fortuna de Isabel II

Solo tenía 25 años cuando se convirtió en soberana. Ahora tiene 94 años y su reinado es todo un ejemplo. Mientras el resto de la Familia Real se ha visto envuelta en diferentes escándalos -desde sus hijos hasta sus nietos y las mujeres de estos (nadie olvida el reciente Megxit)- la figura de Isabel II se ha mantenido como el gran pilar de la monarquía británica. Sin embargo ahora ha sido acusada de presionar al Gobierno para que cambiara un proyecto de ley con el objetivo de ocultar su fortuna privada, el secreto mejor guardado del Reino Unido. Se estima que asciende a cientos de millones de libras. Pero nadie sabe con exactitud la cifra.

Los supuestos hechos se remontan a más de cuatro décadas. El rotativo “The Guardian” ha desenterrado del Archivo Nacional unos documentos que datan de noviembre de 1973, que sugieren que los abogados personales de la monarca presionaron con éxito a los ministros para cambiar la normativa de transparencia que el entonces primer ministro Edward Heath quería plantear a Westminster.

Según el rotativo, tras la supuesta intervención de la monarca, el Ejecutivo acabó insertando una cláusula para eximir a las empresas utilizadas por los “jefes de Estado” de las nuevas medidas. El acuerdo de la década de los 70 se utilizó en la práctica para crear una corporación fantasma respaldada por el Estado que, según se cree, ha ocultado las participaciones e inversiones privadas de la soberana hasta, al menos, 2011.

Para tal maniobra se habría utilizado un procedimiento parlamentario, conocido como el “consentimiento de la Reina”. A diferencia del procedimiento más conocido de “asentimiento real” -una formalidad por la cual la monarca tiene que firmar todas las leyes aprobadas en Westminster para darles validez-, el “consentimiento de la reina” obliga a los ministros a avisar a la jefa de Estado cuando la legislación pueda afectar la prerrogativa real o los intereses privados de la Corona.

Según el rotativo, Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer&Co, visitó a funcionarios del Departamento de Comercio e Industria para discutir las medidas de transparencia que el Ejecutivo pretendía implementar y propuso que se hiciera una excepción con la monarca. Dos funcionarios intercambiaron por escrito pareceres respecto al “dilema” y uno dijo al otro, según el mismo diario, que el abogado de la reina creía que “cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”.

El Ducado de Lancaster es de donde provienen la mayoría de los ingresos para los gastos personales de Isabel II. Se trata de portafolio que consiste en 18.454 hectáreas de tierra en Inglaterra y Gales y comprende la propiedad comercial, agrícola y residencial. Aunque está clasificado como propiedad privada de la reina y se hereda, la monarca no lo puede vender. La reina paga voluntariamente impuestos sobre los ingresos, pero las cuentas anuales no revelan la cantidad.

Por otra parte, otra de las principales fuentes del ingreso público de la reina proviene del Sovereign Grant o subvención soberana, un porcentaje fijo de las ganancias del Crown Estate o Patrimonio de la Corona, un negocio comercial inmobiliario independiente con uno de los portafolios más grandes en el Reino Unido, que incluye la popular Regent Street, una de las calles con más comercios de la capital británica.

Desde Palacio de Buckingham niegan que la soberana haya querido bloquear ninguna normativa. “El consentimiento de la reina es un proceso parlamentario, con el papel de la soberana puramente formal. El consentimiento siempre lo otorga el monarca cuando lo solicita el Gobierno. Cualquier afirmación de que se ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta”, señala un portavoz.

“El parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afecten los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca. Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley, por convención, se entrega al soberano para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como un asunto de dominio público”, añade