Escándalo en Inglaterra: La Reina Isabel II cambió la ley para ocultar su fortuna

Una investigación del rotativo británico ha desvelado la presión realizada por un abogado de la reina para cambiar una ley que le permitía, como Jefe de Estado, mantener oculta su fortuna privada a los británicos. El acuerdo al que ha tenido acceso The Guardian, permitió que se creara una corporación fantasma respaldada por el estado que habría ocultado participaciones e inversiones privadas de Isabel II durante gran parte de su reinado.

Los periodistas David Pegg y Rob Evans han descubierto, en el marco de una investigación sobre el uso por parte de la familia real británica de un procedimiento parlamentario conocido como el “consentimiento de la reina”, que la Reina Isabel influyó a través de sus abogados para modificar “la formación de las leyes británicas”.

The Guardian ha accedido a los documentos que prueban que la Reina pude influir en el poder legislativo

El diario, que ha tenido acceso a los Archivos Nacionales, muestra los documentos que confirman que, en 1973, la reina influyó para cambiar la ley de transparencia que impulsó el gobierno de Edward Heath. El encargado de presionar al gobierno en nombre de la soberana fue Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer&Co.

El abogado, según la información revelada por The Guardian, transmitió la oposición de la reina a la cláusula que permitía conocer la titularidad de los clientes que acumulaban participaciones significativas en empresas que cotizan en bolsa mediante la compra de sus acciones a través de empresas pantalla. Farrer propuso que esta ley no afectara a la monarca argumentando que “cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”.

El gobierno atendió a sus peticiones en la redacción del proyecto de ley y en 1976, y ya con Harold Wilson en el ejecutivo, fue aprobada la ley que permitía que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas para evitar que se conociera las inversiones de Isabel II. La exención se concedió a la empresa Bank of England Nominees Limited operadas por personas de alto nivel del Banco de Inglaterra. Una empresa que cerró hace cuatro años sin presentar nunca cuentas públicas.

The Guardian ha contrastado con Buckingham Palace su investigación. Mediante un comunicado la Casa real ha aclarado que el consentimiento de la reina es un proceso parlamentario formal y que “el monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca”. De este modo y sin ahondar en detalles sobre la supuesta fortuna que habría ocultado la longeva soberana a sus súbditos, Buckingham Palace confirma que la Reina tiene potestad para influir en el poder legislativo.