Arantxa Sánchez Vicario, la mujer que no sabía nada

El miércoles Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana  recibían la sentencia en la que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona condenaba a ambos por alzamiento de bienes. Se confirmaba la pena de cárcel de dos años y al pago de una multa de 6,6 millones de euros para la deportista. Para el padre de sus hijos, en cambio, la condena aumenta a tres años y tres meses de prisión y multa. Una diferencia importante que implica que mientras ella se libra de la cárcel, Santacana lo tiene difícil. En cualquier caso, recurrirá la decisión judicial. Esta diferencia de criterio judicial se ha basado en que la deportista llegó a un pacto con la Fiscalía para reconocer los hechos delictivos e inculpar a su exmarido. En la sentencia se especifica que «la acusada ha asumido su responsabilidad reconociendo su participación».

Han sido seis años de instrucción que finalizaron con la comparecencia de ambos en sede judicial en septiembre de 2023. Hay que recordar que ambos residen en Miami y tienen la custodia de los dos menores compartida. En este sentido también fue la Justicia la que dirimió el tema económico. En Estados Unidos hay unas tablas de valoración que regulan lo que cada uno de los padres debe aportar para el sostenimiento de los hijos. En este caso, había un desequilibrio económico favorable a Santacana y, por lo tanto,Sánchez Vicario debía pagar al padre esa diferencia para la manutención de los niños.

En el documento de la sentencia también figura un dato en el que la ganadora de Roland Garros amplía esa falta de conocimiento de sus finanzas a la etapa en la que era su familia directa la que gestionaba sus bienes. Hasta el 2009 era el padre de la tenista el encargado de estos temas y como sucedió después tampoco tenía ni idea de cómo manejaba su cuantiosa fortuna. Con su progenitor dejó de hablarse y le acusó de haber malversado su patrimonio. Esta revelación tan dura, y otras de la misma índole, aparecieron en su libro de memorias autobiográficas que escribió en 2012.

Hay que tener en cuenta que todo el proceso judicial de Arantxa Sánchez Vicario comenzó en 1988 cuando aseguró que era ciudadana andorrana y, por lo tanto, no debía pagar impuestos en España. Hacienda investigó y llegó a la conclusión que no era así. Vivía en Barcelona en casa de sus padres. Para pagar esa deuda pidió una cantidad al Banco de Sabadell que fue avalado por la entidad de Luxemburgo. En aquellas fechas Santacana no existía en su vida.