La Audiencia levanta la prohibición a Prenafeta y Alavedra de manejar sus cuentas

El «caso Pretoria» seguirá en manos de la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz, sustituto del suspendido Baltasar Garzón, acordó ayer rechazar la inhibición instada por los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, que habían pedido al magistrado que remitiera la investigación a los juzgados de Badalona y Mataró. Además, Ruz ha levantado la prohibición que acordara su antecesor respecto a ambos en diciembre pasado, cuando les impidió «cualquier actividad económica, bancaria o financiera». Garzón prohibió a Alavedra y Prenafeta «la cancelación de cuentas, fondos o depósitos» y cualquier cambio de titularidad, reintegros o toda actividad dirigida «a la eliminación de elementos probatorios». Ahora, sin embargo, Ruz considera que «la situación actual es distinta» y recuerda que se han adoptado otras medidas cautelares y que se ha avanzando en la investigación hasta el punto de que «se hace más difícil», recalca, la eliminación de pruebas por parte de los imputados.

El instructor ha denegado, sin embargo, la pretensión de estos mismos imputados de que el caso pasase a manos de los juzgados catalanes. Sus abogados argumentaron que los hechos que les imputan no son constitutivos del delito de asociación ilícita que justificaría que el asunto siga instruyéndose en la Audiencia, pero el magistrado recuerda que entre las atribuciones de este tribunal está también la investigación de las actividades de blanqueo realizadas fuera de España, «lo que indiciariamente habría ocurrido» en su caso, dadas las inversiones bajo sospecha en Andorra, Islas Caimán y Suiza.

Ruz también avala las escuchas y los registros practicados durante la instrucción y rechaza la nulidad de las actuaciones. Eso sí, admite una petición del ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz y solicitará a la Agencia de Protección de Datos que investigue la filtración del contenido íntegro del sumario.