Un problema endémico: motines y hacinamiento

En las prisiones de Iberoamérica, donde los motines, la violencia y el hacinamiento son moneda común, hay miles de personas, en su mayoría pobres, que cumplen condenas por cometer delitos menores o porque no tuvieron un apoyo legal adecuado.
Según el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), que tiene sede en Costa Rica, a la flagrante violación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles se añade la superpoblación, que llega a niveles alarmantes. De 18 países estudiados por el Ilanud en 2003, en todos se comprobó un exceso de reclusos en los penales, pero en 15 de ellos el hacinamiento era crítico, con densidades iguales o superiores al 120% de su capacidad. Además, en muchos países la mayoría de presos ni siquiera han recibido sentencia firme. Por ejemplo, el 79% de los internos de las cárceles de Honduras espera que los jueces definan su situación, en Uruguay ese porcentaje es del 72%, en Ecuador del 70%, en Perú del 67%, en Panamá del 58% y en Bolivia del 56%. Como resultado, muchas de las personas acusadas pasan meses, y hasta años, privadas de su libertad antes de ser sentenciadas o declaradas inocentes. Una investigación de la Comisión Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos sostiene que las cárceles constituyen para un porcentaje de los detenidos «el inicio de la escuela que lo graduará de delincuente», mientras que para la mayoría es «la práctica diaria por ganarle un día más a la muerte». Los homicidios en el interior de las prisiones ocurren en una relación 25 veces más alta que en la vida en libertad, y el número de muertes por suicidio es al menos ocho veces mayor. «Creo que nadie puede decir que las cárceles son centros de rehabilitación, porque lo que allí se vive, con toda la corrupción de custodios y policías, es un infierno de injusticias. Puede haber excepciones, pero seguro son muy pocas», declaró a LA RAZÓN Silvia Otón, abogada penalista que atiende casos de varios detenidos en cárceles mexicanas. Evaluaciones similares las hacen diversas fuentes en toda Iberoamérica.