Paz y razón

Esta semana nos visita el Papa, pero no viene solo, lo hace acompañado de cientos de miles de jóvenes que conforman una parte de la Alianza Mundial de la Juventud, una organización internacional dedicada a la promoción de los derechos humanos y a la solidaridad entre los jóvenes; estamos no sólo ante un acto de carácter religioso, estamos ante una cita social de importancia mundial, que trasciende a lo confesional, y por ello no debiera ser objeto de debate; en cualquier caso nuestro sistema democrático permite por fortuna que todo pueda ser discutido, eso sí, con un mínimo grado de respeto, a poder ser con cultura y, en cualquier caso, con una exigible educación. Para los católicos y para una gran mayoría de la sociedad española, es un motivo de júbilo la realización de este evento en España, evento que a pesar de contar con un número de participantes que en algunos de sus actos superará el millón, suelen generar escasos problemas de orden público, algo que por desgracia no se puede predicar de otro tipo de actos y días especiales. Es inevitable que a pesar de la importancia de este tipo de eventos, que en muchos países de toda índole respecto al fenómeno religioso son motivos de orgullo social general, en nuestro país siempre se reabra el debate de la aconfesionalidad del Estado y su significación, el cual es aprovechado por los radicales laicistas para poner en cuestión el actual estatus quo en las relaciones Iglesia católica y Estado, amén de aprovechar tal debate para denigrar todo el fenómeno religioso, especialmente con el catolicismo. El artículo 16 de la Constitución sanciona la libertad religiosa y la prohibición de que ninguna confesión tenga carácter estatal; pero a renglón seguido establece una obligación a los poderes públicos, los cuales deberán tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y también les obliga a mantener «las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Esto quiere decir que el principio general de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas, y en especial con la Iglesia Católica, no es una cuestión de oportunidad que quede al avatar político, es una obligación constitucionalmente impuesta a todos los Poderes Públicos. El Tribunal Constitucional introdujo en su sentencia 141/2000, Fj.6 el concepto de laicidad positiva, el cual supone que este deber de cooperación con la Iglesia católica y resto de confesiones se traduce en la exigencia de que los poderes públicos mantengan «una actitud positiva, desde una perspectiva que pudiéramos llamar asistencial o prestacional (….) respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa, en sus plurales manifestaciones o conductas». Ahora bien, el concreto contenido de esa cooperación si es modulable, y dependerá de la sensibilidad de cada una de las Administraciones concernidas, sobre la que sí puede operar y opera el principio de oportunidad política. Pero lo que parece que nuestra Constitución proscribe, y así lo afirma el Tribunal Constitucional, es un Estado que a través de su gobierno esté ajeno al fenómeno religioso y en especial a la creencia mayoritaria en nuestro país, que hoy por hoy y a pesar de sus detractores sigue siendo la religión católica. En España se sigue bautizando a un noventa por ciento de los recién nacidos y se siguen celebrando misas fúnebres en un ochenta por ciento; la inmensa mayoría de los españoles quieren que sus hijos reciban el sacramento del bautismo y también una abrumadora mayoría se despiden de sus seres queridos a través de la liturgia funeral, generalmente con una santa misa; esto es un hecho innegable y de una trascendencia social que no puede pasar desapercibida para los poderes públicos, en primer lugar por imposición constitucional y en segundo lugar por esta trascendencia social que no se puede enmascarar detrás de un laicismo negativo, bisoño y, sobre todo, arcano en una democracia como la nuestra. El respeto a la legalidad constitucional debe ser para todos la creencia que nos une y la misma no puede ser objeto de disposición oportuna. Se puede ser más o menos cicatero en esta colaboración pero esto es una decisión política, que como todas será objeto de escrutinio y valoración por la ciudadanía. En esta ocasión, con alguna excepción, las Administraciones y Autoridades Civiles han estado a la altura de las circunstancias. Para los católicos, ésta es una semana muy importante y como tal la viviremos. Nos visita un hombre de paz y razón, dos palabras que por sí mismas constituyen la mejor legitimación de un mensaje. La alegría es una necesidad fundamental del ser humano. El anhelo de experimentar la alegría está tan arraigado en el corazón del hombre como la búsqueda de sentido a la propia existencia, esta semana es una buena oportunidad para poder disfrutarla.