La Junta eleva a 200 las irregularidades en las ayudas del «fondo de reptiles»

SEVILLA- El Gobierno andaluz ha revisado, en el marco de la investigación sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya, 325 ayudas sociolaborales y, hasta el 12 de junio, detectó 200 con irregularidades, lo que ha supuesto la reclamación de 12 millones de euros a sus perceptores y dejar de pagar otros 14 millones.
Así se recoge en un informe que el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, imputado en la causa, entregó a la juez con motivo de su declaración el pasado 12 de julio, en el que como muestra de la «colaboración constante» de la Junta con la Justicia recoge que, hasta marzo pasado, la primera había entregado al juzgado de Instrucción número 6 más de 200.000 folios de documentación.
En dicho texto consta además que hasta el pasado 12 de junio, el Ejecutivo autonómico había iniciado la revisión de 191 ayudas a empresas, ayuntamientos y consultoras con cargo a la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles», por un importe total de 106.191.283 euros, correspondientes a un crédito total comprometido de 135.068.340 euros, según recoge Efe.
Rivera explica en el documento que hasta el 12 de junio de 2012 la Junta había revisado 325 expedientes de ayudas sociolaborales, de los que 281 habían ya concluido en su primera fase y 44 estaban en trámite de alegaciones. De los dados por finalizados, 200 presentaron algún tipo de irregularidad porque el perceptor no tenía ningún derecho o simultaneaba esta percepción con trabajos remunerados o con incapacidad permanente, 71 eran correctos y «se han resuelto favorablemente para las personas interesadas»; otro terminó con revocación, cinco con archivo y cuatro se remitieron a una revisión de oficio.
Precisa el informe del ex alto cargo de la Junta que las cantidades «reintegrables» a la Administración autonómica por lo «indebidamente abonado» a esos trabajadores asciende a 12.823.637 euros. Una cantidad a la que se suman los 14.725.868 euros que el Gobierno autonómico ha dejado de pagar en esos expedientes.
En concreto en 105 de ellos la Junta había iniciado, hasta el mencionado 12 de junio, la fase de reintegro y las cantidades reclamadas ascendían a 9.960.169 euros.
Baile de cifras
Estos datos aportados por Rivera contrastan con los que maneja Alaya quien, en un auto de marzo pasado, estimó que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas que se habrían otorgado de forma fraudulenta. Entonces la Fiscalía Anticorrupción, por su parte, cifró su importe total en 933 millones de euros.
El documento aportado por Rivera consta de 29 folios y su objetivo es «recapitular» sobre las «medidas correctoras y de recuperación de pagos indebidos» puestas en marcha por el Gobierno andaluz respecto a la gestión del dinero del «fondo de reptiles» en el periodo 2001 a 2010.
La primera fase de la investigación de la Junta se refería a la totalidad de los ERE que en ese momento estaban siendo financiados por la Junta y abarcó a 5.982 personas, de las que 72 resultaron ser «intrusos» –personas que nunca han trabajado en las empresas beneficiarias de las ayudas públicas–. Otros 111 trabajadores presentaban discordancias administrativas, aunque sí que habían trabajado en las empresas, y 5.799 trabajadores (el 96 por ciento) no se detectaron irregularidades, según se recuerda en el informe de Rivera.