BARCELONA- El Ayuntamiento de Barcelona dio el miércoles el penúltimo paso para abordar el fenómeno de la prostitución en el espacio público y prohibirla. El veto saldrá adelante después de que las negociaciones entre CiU y PP, que ha hecho de esta cuestión su caballo de batalla, hayan llegado a buen puerto, pese a la oposición PSC, ICV-EUiA y UpB. A expensas de la aprobación definitiva en el pleno del próximo miércoles, la modificación de la ordenanza de civismo entraría en vigor en agosto. Uno de los cambios sustanciales es la cuantía económica de las multas. Para las prostitutas, la sanción será de 100 a 300 euros por ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales retribuidos en la calle, y de 300 a 750 si se hace a menos de 200 metros de una escuela; para los clientes que pidan o negocien, y cualquier conducta que promueva la prostitución callejera, la multa será de 1.000 a 1.200 euros, y de 1.200 a 1.500 si tiene lugar a menos de 200 metros de una escuela; si se mantienen relaciones sexuales retribuidas en la calle, será de 1.500 a 3.000. Las prostitutas, a su vez, pueden conmutar la pena si participan en cursos de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, por lo que el Ayuntamiento desarrollará un reglamento que garantice su buena aplicación. Otra de las novedades que incluirá la nueva normativa es la eliminación del aviso previo por parte de la Guardia Urbana. Los agentes estarán en disposición de multar directamente al «cliente potencial».