¡Vaya hombre! Por si no teníamos suficientes problemas, resulta que los ciudadanos de a pie, los de la economía doméstica, vamos y descubrimos uno nuevo: el riesgo país. La verdad es que yo me enteré de su existencia hace unos cuantos años, a finales de la década de los ochenta, cuando comencé a viajar a Argentina. Allí, los periódicos de Buenos Aires publicaban un día sí y otro también, como noticia destacada, la evolución de su riesgo país en la jornada anterior. Entonces no presté mucha atención al asunto, porque no entraba en mi cabeza que en España también tendríamos que ocuparnos de esta «cosa». Sin embargo, a causa de la crisis económica, ahí está cada día más presente en nuestras vidas. Leo en LA RAZÓN de ayer la información de Borja Carrascosa titulada «El riesgo país de España marca su máximo nivel de quince años». Que me corrijan los expertos y me perdonen por la comparación si es errónea, pero eso del riesgo país debe de ser como el de una persona que va al banco a pedir un crédito y el director de la sucursal le dice que no, porque no se fía nada del solicitante, o que sí, pero que como se fía poco, pues que tendrá que aportar garantías adicionales y, encima, pagar un tipo de interés más alto. Creo que eso es lo que está pasando a España con su deuda pública, que, para colocarla, nos cuesta más trabajo y más dinero, porque no se fían de nosotros. Si argumentamos, en nuestra defensa, que nuestro riesgo país está identificado y que tiene un nombre propio, su respuesta es sencilla: pues quítenlo. Dejo a la sagacidad del lector el nombre en cuestión.