El impago de prejubilaciones obliga a la Junta a buscar otras aseguradoras

Sevilla- La situación derivada del impago de las prejubilaciones, tras explotar la trama de los ERE irregulares –que suma hasta ahora 183 personas que cobran una póliza de forma fraudulenta– está alcanzado una temperatura límite. Tanto es así, que la Junta está negociando con compañías aseguradoras auxiliares alternativas para que puntualmente abonen las mensualidades de estos trabajadores.

Hay más de 6.000 personas que están cobrando una prejubilación y que no han incurrido en ninguna irregularidad. Sólo el impacto de la quiebra de la aseguradora Apra Leven, que culpa al Gobierno andaluz por un impago de 32 millones de euros, afectaría a más de 1.500 trabajadores, tal y como informó LA RAZÓN el pasado 3 de abril.

Fuentes del Gobierno andaluz indicaron a Europa Press que la Consejería de Empleo está buscando alternativas, negociando y manteniendo reuniones con aseguradoras auxiliares. El objetivo es «tratar de desbloquear los pagos y poder abonarlos en el menor tiempo posible».

De no resolver este problema, el Ejecutivo de Griñán puede tener, en breve, fuertes movilizaciones llamando a las puertas de San Telmo. Los prejubilados de Hitemasa, donde se han registrado seis intrusos, entre ellos el ex sindicalista de UGT y «conseguidor» en la trama, Juan Lanzas, además de su mujer, ya han comenzado con las acciones de protesta, así como los prejubilados de Delphi. La unión entre el colectivo va en aumento. El martes, los prejubilados de González-Byass y Garvey se sumaron a los de la extinta fábrica de automoción de Puerto Real y se manifestaron en Jerez de la Frontera. Más de 200 personas denunciaron que llevan dos meses sin cobrar las pólizas prometidas y que antes de que estallara el escándalo percibían religiosamente.

Desde la Junta señalan que ahora se está siguiendo un proceso de «negociaciones técnicas» para conseguir que «estos trabajadores prejubilados afectados por ERE puedan cobrar cada mes sus pólizas, expedientes que en su día fueron previamente negociados entre empresas y trabajadores». No obstante, el Gobierno andaluz admite que el proceso «es complejo y no es fácil», ya que la casuística «es grande». «Reconocemos que estos trabajadores viven una situación que requiere de una solución apremiante», deslizaron las mismas fuentes de la Consejería de Empleo, que reconoce que muchos de estos prejubilados se están viendo afectados por la quiebra técnica en la que está sumida la multinacional aseguradora belga Apra Leven, sobre la que la Secretaría de Estado de Hacienda hizo una petición expresa a la Junta para que «se retuvieran y no se abonaran los pagos a esta empresa», debido a su situación contable. En este caso, la Junta había negociado un calendario para abonar y liquidar todas las cantidades de los ERE «vivos» entre 2010 y 2013, aunque dicho calendario ha quedado ahora «en suspenso».