El TC rechazará esta semana los recursos de Montilla para retrasar la sentencia

MADRID- La ¿última? estrategia de la Generalitat de Cataluña que preside José Montilla y del Parlamento catalán para retrasar lo más posible la sentencia contra el recurso al Estatut no va a funcionar. Y es que, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Tribunal Constitucional, esta misma semana se celebrará un Pleno para resolver los últimos recursos, que serán rechazados y donde, por tanto, se confirmará nuevamente la legitimidad que tiene la actual composición del Alto Tribunal para dictar la correspondiente resolución.Para ello, será necesario antes que venza el plazo de tres días que el tribunal que preside María Emilia Casas otorgó a las partes personadas en el procedimiento –Fiscalía, Abogacía del Estado, PP, Defensor del Pueblo y cinco comunidades autonómicas– para que presentasen alegaciones, si lo consideraban oportuno, a los recursos contra la decisión de avalar la legitimidad del actual Tribunal Constitucional.Hasta ayer, sólo habían contestado la Abogacía del Estado y el Partido Popular, mientras que el Defensor del Pueblo parece que ha optado por no presentar alegación alguna y la Fiscalía todavía no ha recibido la notificación oficial, por lo que no ha podido contestar, aunque su sentido será de oposición a las pretensiones de la Generalitat y del Parlamento catalán.Los informes de la Abogacía del Estado y del PP coinciden en rechazar las tesis del Gobierno de Montilla y de la Cámara autonómica. Especialmente duro es el dictamen de los Servicios jurídicos del Estado, donde se considera que la propuesta de la Generalitat de Cataluña para que el Tribunal Constitucional se abstenga de resolver sobre el recurso contra el Estatut «carece de fundamento», es una invitación a que los magistrados «incumplan los deberes de su cargo» y llevaría a resultados «palmariamente inconstitucionales».«Los preceptos (del Estatut) impugnados en este recurso serán conformes o contrarios a la Constitución con independencia de que el Senado no haya cumplido tempestivamente su obligación de renovar el tercio de magistrados que le corresponde» mediante el acuerdo de, al menos, tres quintos de la Cámara, añade. De esta forma, se rechaza la alegación de que el retraso del Senado en cubrir las cuatro plazas de magistrados que se encuentran en funciones desde hace dos años y medio, lleva a una deslegitimación para fallar este recurso.Por su parte, el Partido Popular considera que estas actuaciones de la Generalitat y del Parlamento catalán «sólo tienen por objeto demorar o impedir la adopción de la correspondiente sentencia». Además, en el fondo lo que existe es un «claro ánimo dilatorio de la resolución del proceso principal –la resolución del recurso–, sobrepasando los límites del ejercicio del mismo».

La sentencia, «cuanto antes»Por ello, entiende el PP que en ningún caso puede considerarse un «hecho nuevo» el retraso el la renovación de esos cuatro magistrados –María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata–, ya que se encuentran en esa misma situación desde noviembre de 2007. Por último, sostienen los populares que la actuación de los recurrentes «adolece de mala fe procesal» e instan al Tribunal Constitucional a que se dicte la sentencia «cuanto antes».

«Más pronto que tarde» se debatirá el borrador de Casas- La propuesta de María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, se debatirá «más pronto que tarde», por lo que es más que previsible que este mismo mes se celebre un Pleno para debatir el borrador, según las fuentes consultadas. Su texto es muy similar al de la magistrada Elisa Pérez Vera, quien proponía la anulación de una quincena de preceptos de la norma catalana impugnada.- Casas asumió la ponencia después de que el borrador del vicepresidente, Guillermo Jiménez, ni siquiera llegarse a votarse por falta de apoyos.