Dimite el séptimo ministro de Rousseff en menos de un año

Buenos Aires- La herencia maldita y corrupta de Lula sigue pesando sobre los hombros de la presidenta brasileña, Dilma Rou-sseff. El ministro de Trabajo, Carlos Lupi, uno de los «recomendados» por el ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, mentor de Rousseff, es el séptimo ministro en verse envuelto en un escándalo. Lo «vergonzoso» es que todos ellos contaban con el aval del popular ex presidente. Lupi dimitió ayer (de madrugada en España) tras unas informaciones periodísticas que le acusaban de desviar dinero público hacia una ONG que tenía, a su vez, convenios con el Gobierno. El problema estructural del país parece residir en «el presidencialismo de coalición». Este término acuñado por académicos brasileños define el «parcelamiento de ministerios» entre los partidos que configuran el Ejecutivo. El partido que gana las elecciones se ve obligado a buscar alianzas en el Congreso para sacar adelante los proyectos. Y a cambio entregan carteras a partidos con los que no se identifican en absoluto. Mientras continúe la política de distribución de cargos, la corrupción existirá.

Además de Lupi, tres de los siete ministros que dejaron el Gobierno de Dilma lo hicieron bajo sospechas de desvío de fondos públicos ligado a sus respectivos partidos y determinada ONG. Éste es el caso de Alfredo Nascimento, ex ministro de Transportes (Partido de la República); del ex titular de Agricultura, Wagner Rossi (PMDB) y del ex ministro de Deportes, Orlando Silva (Partido Comunista). Antonio Palocci, ex jefe de Gabinete fue el primero en cesar el pasado junio acusado de enriquecimiento ilícito. Pedro Novais, ex titular de Turismo (PMDB), fue acusado de usar recursos públicos en su beneficio. El único que no dimitió bajo la sombra de la corrupción fue el ex ministro de Defensa Nelson Jobim. La salida en cadena de sus ministros es una de las razones que han llevado a Rousseff a programar una reforma ministerial en enero.

Dilma: récord de popularidad
Una vez más la presidenta Rousseff subrayó que dirigirá personalmente la «operación limpieza ética» que ya ha costado el puesto a un centenar de funcionarios. Según las encuestas encargadas por el Ejecutivo, eso le ha generado una popularidad récord –71%– debido a la toma de conciencia sobre la necesidad de «purificar el aparato público estatal».