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INTERNET / LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS LLEVA EL «CIBEROLVIDO» A LA AUDIENCIA NACIONAL

El buscador Google visto para sentencia

La Agencia de Protección de Datos y Google esperan una decisión de  los magistrados ante los que, el miércoles, expusieron sus  argumentos sobre lo que ya se conoce como el «derecho al olvido».

  • Los boletines oficiales ya no se imprimen y sus contenidos están en la red
    Los boletines oficiales ya no se imprimen y sus contenidos están en la red
  • Reding impulsa la norma sobre internet
    Reding impulsa la norma sobre internet

Tiempo de lectura 5 min.

22 de enero de 2011. 20:55h

Comentada
23/1/2011

 ¿Tiene un ciudadano derecho a solicitar que sus datos no permanezcan eternamente en internet? ¿Quién debe eliminarlos, el buscador o la fuente de origen que los ha publicado? Ésas son algunas de las cuestiones que el uso de la nuevas tecnologías ha puesto sobre la mesa. Y es que la red ha traído consigo nuevos conflictos, entre ellos los referidos a la protección de datos, como es el caso de los boletines oficiales, cuyos datos recoge Google y permanecen en la red.

El último capítulo de este debate lo están escribiendo en los tribunales Google y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo ha requerido al buscador que retire de sus resultados casi un centenar de referencias a particulares, a petición de los propios interesados, por considerar que su contenido es difamatorio o lesivo. Google ha recurrido ante la Audiencia, argumentando que esta labor corresponde a las páginas de origen, ya que, en su opinión, si es el propio buscador el que decide lo que aparece y lo que no, se pondría en entredicho su transparencia.


A la vista de todos
El hecho de que con sólo teclear el nombre de una persona se pueda tener acceso a información que ésta considera confidencial, lleva cada vez a más ciudadanos a solicitar la retirada de estas referencias, en muchas ocasiones pasadas. Es el caso de un profesor de instituto multado por orinar en la calle. La sanción apareció publicada en el boletín de su correspondiente Ayuntamiento. La página fue indexada por uno de los muchos buscadores que existe, de manera que todo su entorno, incluidos sus alumnos (tanto presentes como futuros) tuvieron conocimiento del hecho, con el consiguiente perjuicio para este individuo. Y es precisamente en caso como este (información publicada en los boletines) donde se da el mayor conflicto, ya que esta notificación pública no se puede eliminar en su origen.


Consulta expresa
Existe una obligación legal de publicación, pero es la tecnología la que incluye estas notificaciones en sus bases de datos, dando difusión a un hecho, que, en teoría, sólo se podría conocer si se consultara expresamente el boletín que lo ha publicado. Por este motivo, el profesor presentó una reclamación ante la AEPD, con el objetivo de que el buscador borrara la referencia, invocando el llamado «derecho de olvido». Pero, ¿en qué consiste este derecho? Según Rafael García del Poyo, socio del despacho de abogado Cremades & Calvo Sotelo, no se trata de un derecho propiamente dicho, sino de un término de reciente acuñación. «El conocido como "derecho al olvido" no es ni más ni menos que el ejercicio del Derecho de Cancelación, que recoge la Ley 15/99 (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal), que parte del Derecho a la Protección de Datos, y de su principio de permanecer solo entre la masa. Cuando se produce una individualización, como en el caso de internet, éste derecho se activa», explica García del Poyo, quien ha constatado en los últimos tiempos un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos de sus derechos, y pronostica que cada vez habrá más reclamaciones.

El pasado miércoles, cinco magistrados de la Audiencia Nacional  escucharon los argumentos de Google y la AEPD sobre cinco de los casi 100 requerimientos de retirada de información. Google sostiene que las fuentes (caso por ejemplo de los boletines oficiales y hemerotecas) cuentan con herramientas técnicas para restringir el acceso a sus contenidos, y que si no las emplean, es perfectamente lícito que ellos puedan indexar estas páginas. Por su parte, la AEPD argumenta que ha instado, principalmente a boletines y medios de comunicación, a que utilicen estos mecanismos de «defensa», pero, recalca, es sólo una recomendación, ya que no existe una obligación legal de utilizarlos. Asimismo, fuentes del organismo indican que cualquier ciudadano puede pedir la tutela de la Agencia si considera que se ha vulnerado un derecho, lo que ocurre es que, a veces, entra en conflicto con otros derechos fundamentales, como es el de publicación o la libertad de expresión. Por ello, los requerimientos de retirada se refieren a casos «sensibles», que han sido analizados detenidamente y de forma individual.


Problemas en casa del gigante
El dinero no parece ser la causa (la empresa acaba de anunciar mejoras del 28% en sus cuentas) de los problemas que se intuyen en la cúpula de Google. Nada más anunciar los resultados, se supo que el hasta ahora primer directivo, Eric Schmidt, dejaba su cargo a uno de los fundadores, Larry Page, que vuelve a la empresa. Schmidt, ya sólo vicepresidente, llegó a la firma para poner orden entre los «cerebros» y capitanear el crecimiento de la marca. Hoy, Google no tiene problemas financieros pero sí amenazas cada vez mayores, como el crecimiento de redes sociales tipo Facebook y las investigaciones que la UE y muchos gobiernos han abierto contra la empresa por abuso de posición dominante y por vulnerar la privacidad con productos como «Street View»


Bruselas, muy pendiente del caso español
Bruselas también ha tomado cartas en el asunto. La comisaria de Justicia de la Unión Europea, Viviane Reding, seguirá muy de cerca la resolución que se adopte en la Audiencia Nacional, ya que servirá de precedente para futuras actuaciones. De hecho, por iniciativa de la propia Reding, la UE pretende regular este llamado «Derecho al Olvido» antes del próximo verano. A finales del año pasado, la comisaria anunció una nueva normativa sobre internet con el objetivo de reforzar las normas de protección de datos de la Unión y permitirá, entre otros aspectos, que los usuarios puedan exigir la cancelación de sus datos en la red. Así, los proveedores de servicios en la web y los buscadores tendrán que limitar la recogida de datos al mínimo, e informar además a los usuarios de forma transparente sobre quién recoge y usa sus datos, y sobre cómo, con qué fines y por cuánto tiempo lo hace. Lo mismo ocurrirá con las conocidas redes sociales cuando los usuarios decidan darse de baja en el servicio.

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