La Fiscalía da un respiro a la escuela diferenciada

Así lo sostiene el Consejo Fiscal, órgano representativo de la Carrera presidido por el fiscal general Cándido Conde-Pumpido.

Sin embargo ese «aval» a la pretensión del Gobierno de discriminar a los citados centros escolares pasa por cumplir un requisito indispensable: justificar la existencia de que el citado sistema educativo implica una verdadera discriminación.

«Voluntad de discriminar»
«Por razones de una elemental seguridad jurídica, el legislador debería asociar dichas graves consecuencias –la retirada de subvenciones– con una específica, y reforzada, voluntad inequívoca de discriminar por parte de los titulares de los centros o establecimientos que pudieran verse afectados», se destaca al respecto en el informe del Consejo Fiscal al anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que dirige Leire Pajín.

Y, en consecuencia con lo anterior, la Fiscalía abogar porque esa previsión se aplique «a otros ámbitos de la vida igualmente fundamentales para el desarrollo del derecho a la igualdad de trato de los ciudadanos», y no sólo a la educación, como hace el artículo 16 del anteproyecto.

En el citado dictamen se parte de que con la iniciativa del Ejecutivo lo que se pretende es «garantizar los derechos ya existentes» en sus «distintas vertientes», y, al mismo tiempo, persigue articular «determinadas garantías para que el principio de igualdad entre los ciudadanos y los grupos en que se integran sea real y efectiva».

.Sin embargo, se reconoce la «problemática» de que el contenido del anteproyecto pueda extender sus efectos «tanto al sector público como privado, situando ambos sectores en un plano de igualdad, al declarar que la ley regula los derechos y obligaciones de las personas jurídicas públicas y privadas». En cambio, se considera totalmente «acertadas» la expresa mención en el anteproyecto a la prohibición de discriminar a nadie por el uso del castellano «en todo el territorio nacional» o por el uso de las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios «y en aquellos otros ámbitos previstos por la ley». La Fiscalía alude en este punto a la doctrina expresa del TC sobre esta materia.


«En España no se discrimina»
Los centros que imparten educación diferenciada mantienen su postura: «El anteproyecto de ley que han planteado se contradice con la convención de 1960 de la UNESCO y que ratificamos en 1998. Es positivo que la Fiscalía nos apoye ya que aquí no se discrimina», explicó Josep María Barnils, de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada.