Tasas en segunda instancia para evitar los abusos en el acceso a la Justicia

Dos objetivos persigue el Ministerio de Justicia con la imposición de la tasa judicial para quienes recurran a una segunda instancia tras obtener la sentencia, excepto en la jurisdicción penal y quienes no dispongan de medios económicos: evitar el abuso procesal, que contribuye a una mayor litigiosidad, y destinar esos ingresos a la modernización judicial.

«Hay un abuso en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en segunda instancia y ello nos obliga a acotar esa medida», esgrimió al respecto Ruiz Gallardón para defender esa tasa. Y ello porque, añadió, es necesario «disuadir a quien no tiene justificación para recurrir».

Otro de los fines buscados es «prolongar indebidamente el tiempo de resolución de los procesos, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva».

En todo caso, dejó claro que quienes accedan a esa segunda instancia recuperarán la tasa si su recurso es estimado.

También adelantó que se modificará el sistema de Justicia gratuita, «que precisa correcciones para evitar abusos», por lo que se tendrá que «justificar la insuficiencia económica» para acceder a la misma, y, además, en segunda instancia se revisará.

Sobre esta cuestión, el vocal del CGPJ Antonio Dorado manifestó a LA RAZÓN su apoyo a la implantación de la tasa judicial en segunda instancia, «para evitar un uso abusivo» del acceso a los tribunales, y porque más del 95 por ciento de las sentencias en primera instancia se confirman, con lo que «en la mayoría de las ocasiones no tiene sentido apelar».