Sanidad sólo garantiza la gratuidad de los abortos por «motivos médicos»

MADRID- A falta de concretar definitivamente las prestaciones sanitarias que integrarán la nueva cartera de servicios comunes, en la que ya trabaja el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas, ya han empezado a resolverse algunas dudas acerca de qué tratamientos seguirán financiándose por la Sanidad Pública y cuáles no. En este sentido, la número dos del departamento que dirige Ana Mato, la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, se refirió ayer a la posibilidad de sacar de la financiación pública las interrrupciones voluntarias del embarazo, circunstancia sobre la que dejó la puerta abierta para determinados casos. Así, Farjas aseguró antes de la presentación del estudio Epine 2011 a los periodistas que «no va a salir ninguna de las prestaciones que por motivo médico o de salud se requiera en el Sistema Nacional de Salud». Aunque el Gobierno ha anunciado ya su intención de cambiar la ley del aborto, la normativa actual permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Esto significa que si la nueva cartera de servicios sanitarios ve la luz antes que la reforma de la ley, todas las interrupciones del embarazo que no estén indicadas medicamente podrían dejar de ser gratuitas. No obstante, fuentes de Sanidad desmintieron posteriormente a LA RAZÓN que estas intervenciones vayan a tener que ser costeadas por las pacientes y recalcaron que nada va a cambiar con respecto a la situación actual, por lo que todos los abortos seguirán realizándose sin coste alguno. Farjas, que también fue preguntada por la propuesta de Cataluña de crear una tarifa de cinco euros por día de hospitalización y de establecer un mayor copago farmacéutico para las rentas altas, recordó que las medidas de ajuste en materia sanitaria «ya han sido enviadas a la Unión Europea y están plasmadas en el real decreto».

En contra de la praxis médica
La plataforma Derecho a Vivir acusó ayer a la secretaria general de Sanidad y Consumo, de «salir con evasivas» por sus palabras en referencia al aborto. La coordinadora de este movimiento, Gádor Joya, critica que de esta forma trate de «tranquilizar a la patronal de la industria del aborto». Asimismo, ha denunciado que «en España resulta más fácil y rápido matar a un hijo en el vientre que operarse de cadera», a la vez que insiste en que «va en contra de la deontología profesional y de la praxis médica apoyar la idea de que el aborto es un acto médico». «Como es evidente, el aborto no sana ni previene ninguna enfermedad», apostilla. Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas , Yolanda Besteiro, considera que el aborto «es un problema de salud pública de primera magnitud» y debe mantenerse dentro de la cartera de servicios en todos los casos.