Las administraciones públicas no son como las familias, deben adoptar políticas contra cíclicas. Es decir, frenar el gasto excesivo, fomentar el ahorro y la inversión productiva, fortalecer la solvencia y mejorar la protección social cuando la economía va bien, pensando en revertir ese esfuerzo colectivo en la dinamización económica y la atención a las situaciones de necesidad cuando los ingresos caen.
Por ello conseguir un superávit fiscal en tiempos de bonanza, como ocurrió en el periodo 2005-2007, y recurrir, si es necesario, al déficit en tiempos de crisis, dentro de unas dimensiones racionales y un endeudamiento soportable, no es intrínsecamente malo. El superávit o el déficit público como diferencia entre los gastos e ingresos, dependen de cómo se actué sobre ellos. Cuadrar las cuentas no tiene que suponer exclusivamente reducir el gasto, también es posible actuar sobre los ingresos. Subiéndolos o bajándolos, según la conveniencia y necesidad, y mejor si, como ahora piden los megarricos, eso conlleva una imposición fiscal directa, mucho más equitativa y justa con la renta real. Para ello, la reforma constitucional fija criterios, no cantidades ni porcentajes, y plazos junto a la flexibilidad necesaria para los tiempos de crisis, dejando su concreción a leyes posteriores.
Ahora bien su orientación, como siempre, dependerán de la opción política que la ciudadanía escoja en las elecciones.