Cabré pedirá al Gobierno que le abone parte de los ingresos por tasas judiciales

VALENCIA- El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha solicitado ya una reunión con el Ministerio de Justicia con el fin de solicitar que una parte de la recaudación por las tasas judiciales se abone a la Comunitat Valenciana, que es la que se encarga del 80 por ciento de los costes de la administración de justicia en la región, puesto que se trata de una competencia transferida.

El pasado martes la Generalitat anunció que retirará las tasas judiciales y medioambientales que creó hace unos meses y que estaban incluidas en los presupuestos para 2013. La razón estriba en que el Estado creó unos impuestos prácticamente idénticos posteriormente, y se solapaban con los autonómicos, de forma que a un valenciano le resultaba más caro hacer uso de la Justicia que a un madrileño o un vasco.

Ahora bien, Cabré es consciente de que parte de la recaudación de esa tasa estatal corresponde a la autonomía, puesto que es la responsable casi total de este área (el Estado solo se hace cargo del salario de los jueces y los secretarios judiciales).
Por ello, ya que la Generalitat ha renunciado a los casi diez millones de euros que esperaba ingresar gracias al impuesto autonómico, pretende que el Gobierno sea comprensivo y dé el visto bueno a esta petición. El primer paso será convencer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y éste después tendrá que hacer lo propio con el que realmente maneja las arcas estatales: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Fuentes de la Conselleria dirigida por Cabré aseguraron ayer que no saben si la predisposición es buena, aunque señalaron que la relación con el Ministerio es excelente. Además, subrayaron que para el conseller es una asunto de vital importancia y no lo va a dejar correr.

Las tasas judiciales creadas por el Estado son mucho más duras que las ideadas por la Generalitat valenciana. En este último caso, el usuario podía llegar a pagar, como máximo, 95 euros, y había exenciones y bonificaciones para autónomos y familias numerosas. El impuesto estatal puede llegar a gravar hasta con 700 euros.

El Consell pensaba invertir una parte de esos cerca de diez millones de euros anuales en la mejora de las infraestructuras judiciales. El otro objetivo de este impuesto era reducir el índice de litigiosidad, puesto que está demostrado que en muchos casos se hace un uso superfluo de la justicia.