La UE penalizará con 1000 millones cada décima de desviación en el déficit

Tras la crisis del euro, que casi se lleva la moneda común por delante, los socios han decidido tomarse en serio el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impone límites al déficit, un 3 por ciento del PIB de un país, y a la deuda, un 60% del PIB nacional. Para ello, se introduce un nuevo paquete de sanciones que se aplicarán en una fase más temprana, y de manera más automática.

Aunque estos procedimientos por déficit excesivo ya existen en la actualidad, nunca se han utilizado, e incluso las normas se habían aguado tras la presión de Alemania y Francia en 2003 cuando sobrepasaron el límite. Se creará un depósito sin intereses que supondrá el 0,2% del PIB de un país cuando se le abra un procedimiento de infracción. Si el país no sigue las recomendaciones del resto de Estados miembros para corregir el déficit, este depósito se convertirá en multa. En el caso de España podría ser una multa de hasta 2.000 millones de euros.

Además, se dará «un mayor énfasis» al criterio de la deuda para sancionar a los países. El verdadero pilar de este nuevo gobierno económico serán los indicadores que se utilicen para medir los desequilibrios entre las economías europeas o, lo que es lo mismo, cuáles serán los campos en los que la UE buscará una mayor convergencia. La falta de una unión económica es el pecado original del euro, una unión monetaria que flota sobre las divergentes economías europeas, entre las que asoman enormes fallas que a punto han estado de provocar un terremoto en la eurozona y en el conjunto de la Unión. Por eso, ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno valoró el acuerdo como «extremadamente importante», aunque el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, partidario de un mayor automatismo en las sanciones, dijo que era «insuficiente».

Los Estados discuten todavía cuáles serán estos indicadores, aunque algunos ya empiezan a quedar claros, como el déficit por cuenta corriente, e incluso el precio de la vivienda, según explicó la vicepresidenta segunda, Elena Salgado. Este indicador serviría para medir burbujas inmobiliarias, tal y como preveía el plan original de los Estados miembros. Los países del euro que no sigan las recomendaciones para corregir estos desequilibrios cargarán con una multa del 0,1% del PIB anualmente, o 1.000 millones para España si no controla el precio del ladrillo. Los Estados miembros deberán cerrar ahora un acuerdo contra reloj con el Parlamento Europeo. Una mayoría de los grupos ya ha indicado que este paquete se queda corto en la ambición por construir un gobierno económico.


Salgado pide reglas «estrictas» para las agencias de rating
Los responsables de los Veintisiete están con las armas en alto contra las agencias de calificación. Si el lunes era el presidente de los socios del euro, el primer ministro luxemburgués, Jean Claude Junker, quien cargó contra las agencias de rating, la vicepresidenta, Elena Salgado, volvió a mostrar ayer su disconformidad con el rol de estas entidades. Fue el punto de vista compartido por el resto de sus colegas de Finanzas, reunidos en Bruselas, donde según Salgado el «sentir de todos» es regular de manera «más estricta» la labor de las tres agencias de rating que tienen el monopolio de la calificación de la deuda soberana. Para minar su poder, los socialistas europeos proponen crear una agencia de calificación europea, alternativa que Salgado no consideró necesaria, e insistió en una mayor regulación de los plazos de publicación de los informes.