Los empleados de la estación del Prado esperan reubicarse «sin mercadear»

Sevilla- La Junta de Gobierno local aprobó el pasado viernes iniciar los trámites para suspender la actividad de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, una medida anunciada a comienzos de septiembre para asombro de empleados, usuarios y comerciantes de la zona. La plantilla, compuesta por una treintena de trabajadores municipales, ya ha anunciado una huelga de tres días como protesta y está a la espera de una propuesta formal de reubicación en otras áreas del Ayuntamiento. El comité de empresa deja claras sus cartas ante un proceso de negociación que empezará en breve: «No vamos a mercadear con los puestos de trabajo». Así lo asegura Manuel Loza, presidente del colectivo, quien remarca que «no vamos a permitir que se nos mande a otro sitio sin conocer antes las condiciones».

Actualmente trabajan en la estación auxiliares de información, auxiliares de tráfico, capataces, personal de limpieza, inspectores y administrativos. Loza recuerda que el Ayuntamiento tiene «muchos servicios» donde se podrían reubicar, como las áreas de Movilidad o Gobierno Interior. Pero el tiempo juega en contra, ya que habría que poner en marcha un proceso de formación y «reciclaje» que todavía no se ha planteado. Además, el comité de empresa «luchará para que no se pierda el poder adquisitivo de estos trabajadores», el principal caballo de batalla de los sindicatos en sus negociaciones con el Gobierno local.

Loza subraya el «oscurantismo» que se cierne sobre esta medida. «Nos enteramos hace poco de estos planes, pero ni el propio Ayuntamiento sabe lo que va a hacer allí». El representante sindical reconoce que el edificio sufre un deterioro considerable y pone de manifiesto el «abandono» del recinto. Incluso recuerda que muchas empresas de transporte –que antes operaban en el interior– ya habían ubicado sus paradas fuera para no pagar las tasas. «Hay que buscar fórmulas que beneficien a todos, tanto a los empleados como a los usuarios y a las empresas de transporte», remarca.

Ante esta situación, Loza lamenta que «se va a perder un servicio muy útil que se prestaba a los ciudadanos» e insiste en que el edificio se encuentra en un «punto neurálgico», por lo que «debería seguir teniendo el uso actual». Pero es consciente también de que el recinto es un caramelo para otros muchos colectivos con necesidades, como el sector judicial, que ya ha planteado su reconversión para albergar nuevas instalaciones y juzgados. El Gobierno local, por su parte, ha dejado entrever su intención de ubicar allí una terminal para autobuses turísticos, dada su cercanía con el casco histórico.

Mientras tanto, la movilización continúa su curso. La plantilla ya ha recogido más de 6.000 firmas en contra del cierre. A esta lucha se suma la Diputación Provincial, cuyo Pleno aprobó una moción en defensa de este servicio. El PSOE, de su lado, alertó ayer de los «efectos negativos» que tendrá la medida en los comercios de la zona.