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Hipotecas y demagogia

Tiempo de lectura 4 min.

28 de febrero de 2011. 01:02h

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28/2/2011

El repunte del euribor en este mes de febrero, que supondrá un incremento medio de las hipotecas superior a los 350 euros anuales, es una mala noticia para multitud de personas que a duras penas pueden hacer frente a sus obligaciones con el banco. Todo apunta, además, a un encadenamiento de subidas en los próximos meses debido a la crisis energética, que tendrá efectos directos en la inflación y, por consiguiente, en los tipos de interés. De ahí que, lejos de descender, el volumen de embargos pueda dispararse hasta límites preocupantes. Como es natural, este problema ha saltado del terreno estrictamente económico al debate político y judicial, sobre todo a raíz de que la Audiencia de Navarra sentenciara hace varias semanas que basta con entregar las llaves al banco en caso de impago para saldar la hipoteca. La libérrima interpretación que ha hecho este tribunal de la Ley Hipotecaria ha suscitado un amplio movimiento de apoyo entre la izquierda, desde IU hasta asociaciones de jueces y fiscales progresistas, pero también de organismos controlados por los socialistas, como la FEMP que preside el polémico Pedro Castro y portavoces de CiU. Y aunque es cierto que tanto el PP como el PSOE han votado en contra en el Congreso, varios dirigentes de estos partidos se han manifestado, a título personal, proclives a una reforma legal en virtud de la cual se contemple la llamada dación en pago, de modo que se exima a los deudores de responder con todo su patrimonio. Así, aunque el valor del piso caiga por debajo de la deuda contraída, el deudor quedaría exonerado de cualquier responsabilidad sólo con entregar las llaves. No cabe duda de que a simple vista parece una propuesta atractiva y razonable, pero sólo aparentemente. Sus defensores arguyen que así se hace en algunos países, como en determinados estados de EE UU, pero no cuentan la letra pequeña, a saber, que ese tipo de hipotecas son muchos más caras y más draconianas que el resto. Convendría en este delicado asunto no dejarse llevar por impulsos populistas ni aprovechar la proximidad de los comicios municipales y autonómicos para meter la cuchara electoral, que es lo que ha hecho el presidente de la FEMP. La legislación española en materia hipotecaria regula satisfactoriamente el mercado y, aunque sea perfectible, como todas, sería una frivolidad ponerla patas arriba para combatir supuestas prácticas abusivas de las entidades financieras. Lo cierto es que el complejo mecanismo legal ofrece  las garantías jurídicas necesarias para que el ciudadano pueda comprar una vivienda en condiciones crediticias asequibles. Ahora bien, si los bancos, como insisten en reclamar ciertos demagogos políticos, han de asumir más riesgos y exponerse más a los vaivenes del mercado, la consecuencia lógica será que los créditos resultarán mucho más caros, más escasos y a más corto plazo. En suma, quien saldrá gravemente perjudicado será el propio comprador, en particular, y el mercado inmobiliario en general. Además, una reforma de este calado provocaría un fuerte deterioro de la seguridad jurídica. Y no parece que estén los tiempos para tales aventuras. 
 

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